Una de las primeras tareas que tendrá la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al principio del próximo año es presentar al Congreso de la República una reforma al Código Penal castigando más severamente la reincidencia, pues para el Gobierno lo laxa que es la norma en la materia es una de las principales causas de la inseguridad urbana a través de prácticas delictivas como el robo de celulares y el ‘cosquilleo’.

La reincidencia según el Inpec hace referencia a personas que habiendo sido condenados, han vuelto a ser privadas de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos.

Sin embargo hay muchos reincidentes que tras ser capturados son dejados en libertad por los jueces por diferentes interpretaciones de la ley, como que no representan un peligro para la sociedad. De esta forma, algunos delincuentes no cambian su proceder a sabiendas de que en caso de ser aprehendidos por la Policía, pronto estarán de nuevo en la calle.

Se conoce se sujetos que tienen 30 y 40 entradas a la cárcel y siguen en el delito.

El pasado 21 de noviembre el presidente Iván Duque dijo en la apertura de la segunda Cumbre de la Justicia que “hay delitos que le duelen al ciudadano: el cosquilleo, el raponeo, el fleteo, los que llevan a que la percepción de inseguridad en los centros urbanos sea muy alta”, y  anunció que el Gobierno buscará una legislación para castigar la reincidencia.

“Y ahí lo que yo espero, ministra (de Justicia) Margarita Cabello, altos magistrados, es que podamos sacar rápidamente una legislación que sea efectiva frente a la reincidencia y que tengamos herramientas claras para  sancionar a quienes están en estas prácticas”, señaló el Jefe de Estado.

Duque dijo que “como el delito es mutante y las amenazas son mutantes, necesitamos tomar acciones… Una referencia explícita a cómo enfrentar y derrotar el delito implica ese régimen para la reincidencia y también las modificaciones oportunas del régimen carcelario y penitenciario”.

El Mandatario indicó en esa oportunidad también que es necesario reflexionar sobre el problema del hacinamiento carcelario, ya que “los cupos que están habilitados a nivel nacional son cerca de 80.000, pero tenemos más de 115.000 personas en las cárceles”.

Explicó que “entre otras cosas, porque muchos sindicados, que deberían de estar recluidos en centros para sindicados, con inversión local, terminan siendo trasladados a los centros del orden nacional”.

Por ello, invitó a los gobernadores y alcaldes del país a que “la infraestructura penitenciaria y carcelaria a nivel territorial debe mejorarse y debe mejorarse en función, también, de la sanción oportuna y efectiva a estos delitos que tanto afectan al ciudadano”.

“Nosotros, como Gobierno, esperamos este año dejar no solamente en ejecución, sino de cara a los próximos años, avanzar en un plan de descongestión carcelaria, con infraestructura modular temporal, mientras se va construyendo infraestructura de carácter permanente”, puntualizó.

Cifras

En mayo pasado la Fiscalía reveló que de los 215.590 capturados por la Policía Nacional en 2018, el 47% tenía capturas previas (2% por homicidio, 1% por delitos sexuales, 5% por lesiones personales, 3% por violencia intrafamiliar, 19% por hurto, 22% por tráfico y fabricación de estupefacientes, y el resto por otros delitos).

Así mismo, de los 84.536 individuos que fueron imputados por la Fiscalía General en 2018 por la comisión de un delito, el 51% tenía alguna imputación previa (3% por homicidio, 1% por delitos sexuales, 10% por lesiones personales, 8% por violencia intrafamiliar, 24% por hurto y 11% por tráfico y fabricación de estupefacientes).

En tanto que en agosto pasado se conoció un informe del Inpec que hizo llegar al Congreso de la República para un debate de control político, en el cual da cuenta que se encontraban a la fecha detenidas 22.507 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en 2012 esta población era de 10.592 detenidos.

La población reincidente, según el informe, estaba distribuida así: en centros penitenciarios el 77,5% (17.435), con detención domiciliaria 19,7% (4.443) y con vigilancia electrónica 2,8% (629).

Según la Fundación Ideas para la Paz “contrastándolas con otros países, las cifras de reincidencia no son tan altas. Pero eso no significa que estemos mejor. La diferencia en las definiciones y los métodos de medición no permiten hacer este contraste; sin embargo, sí pueden dar una idea de las magnitudes del fenómeno a la luz de las estadísticas existentes. La cifra más alta de reincidencia en Colombia es del 21%, la mitad de lo encontrado en otros países. Las estimaciones hechas por las autoridades sirven más para revelar la limitada respuesta institucional y desconocimiento de esta problemática, que para mostrar la real dimensión del fenómeno”.