El Gobierno nacional resolvió acoger de buena fe las recomendaciones que dio el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el sentido de ordenar al Estado colombiano “garantizar la segunda instancia” al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Como consecuencia la administración de Iván Duque divulgará el dictamen de este organismo y enviará el caso a la autoridad competente, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Nuestro país tiene 180 días para responder a esta dependencia de ONU acerca de esta recomendación.

El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó este viernes que se convocó a un comité de ministros, tal como lo establece la Ley 288 de 1996, para analizar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del "día 27 de junio de 2018 y comunicado al Gobierno colombiano el pasado 13 de noviembre".

Trujillo añadió que “el Comité de Ministros resolvió asumir de buena fe las observaciones hechas en el Comité de Derechos Humanos en relación con la vulneración de los derechos previstos en los Artículos 14, 5 y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, correspondientes al derecho a la doble instancia y a la aplicación de criterios de proporcionalidad en la imposición de sanciones que restrinjan los derechos políticos".

De acuerdo con el pronunciamiento de esa instancia internacional a Arias Leyva se le violaron sus garantías individuales consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no disponer de una segunda instancia en el momento de la condena y al ser sancionado de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

"El Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados”, señala un aparte del pronunciamiento.

El exministro de Agricultura fue sentenciado en julio de 2014 a 17 años y cuatro meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de tres contratos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sin el cumplimiento de requisitos legales, y fue multado con más de $30.000 millones.

Días antes de conocerse la sentencia en su contra, Arias Leyva viajó a Estados Unidos para pedir asilo político, cuestión que aún no se ha resuelto.

Por el contrario, un juez de Miami ordenó su captura hace 14 meses y permanece recluido en prisión, por considerar que Arias podría evadir la acción de la justicia, y próximamente podría extraditarlo a Colombia.

Futuro de Arias

Sectores cercanos al uribismo consideran que esta condena de la Corte Suprema tuvo motivaciones políticas por la cercanía de Arias con el expresidente Álvaro Uribe, de quien fue su ministro de Agricultura y una de sus cartas para la Presidencia de la República en los comicios de 2010, antes de que el exfuncionario cayera en desgracia por la investigación que se le abrió por las irregularidades en el programa ‘Agro Ingreso Seguro’.

El abogado Víctor Mosquera Marín, apoderado del exministro, dijo que “la máxima instancia de derechos humanos en el mundo abre así un camino de luz y de esperanza para que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias, cuyos derechos han sido menoscabados por sectores politizados de la Rama Judicial”.

La Corte pidió a la Cancillería en tiempos del gobierno Santos que solicitara ante la justicia de Estados Unidos la extradición de Andrés Felipe Arias para que pague la condena que le impuso, proceso que la justicia de ese país no ha definido hasta el momento.

No obstante, el presidente Duque tras conocer el concepto favorable al exministro Arias por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijo que "es improcedente" retirar la solicitud de extradición. “En este momento esa acción ya es prácticamente improcedente si se pensara, por una sencilla razón: ya esa etapa procesal se surtió y en este momento la responsabilidad está en las dos instancias del gobierno americano. O es el asilo o es el pronunciamiento sobre la solicitud que hizo la Corte Suprema de Justicia”, indicó el Jefe de Estado.

Lo positivo para la situación de Arias de que el Gobierno nacional acogiera de buena fe la recomendación de esta dependencia de la ONU es que dará traslado de la misma a la Corte Suprema para que diga la última palabra.