ESTE MES, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentará al país la nueva política de drogas 2023-2033, cuyo texto está fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así lo informó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, quien aseguró que la iniciativa fue creada con la participación de 2.700 líderes sociales y 274 organizaciones en Colombia.

Tanto el viceministro Umaña Hernández como la directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Gloria Miranda Espitia, socializaron la iniciativa con la comunidad en Puerto Asís, Putumayo, en medio de un espacio de diálogo.

“Nos dimos a la tarea de elaborar una política de drogas que cumpliera con los estándares de un diálogo continuo con la comunidad internacional y un diálogo cercano con las comunidades. No queríamos la construcción de una política desterritorializada, desde los escritorios, dándoles la espalda a los problemas concretos de las comunidades; sino lo contrario, acudir a los territorios”, destacó Umaña Hernández.

De acuerdo con el funcionario, la nueva política destaca por dos elementos esenciales en cuanto a intervención de territorios.

“El primero, conocido como 'asfixia', tiene como objetivo reducir la influencia y capacidad de organizaciones criminales que se benefician del mercado ilícito de las drogas y que han perpetuado violaciones de derechos humanos. La meta es desarticular estas organizaciones y crear condiciones de paz y seguridad en las comunidades. El segundo, denominado 'oxígeno', busca impulsar la transformación territorial a través de la promoción de economías lícitas y alternativas. Esta estrategia tiene como propósito brindar opciones de desarrollo a las comunidades, generando un ambiente de convivencia, seguridad y derechos humanos”, dijo.

Oportunidad

Por su parte, Miranda aprovechó la ocasión para asegurar que la nueva política es una “oportunidad histórica” para que las comunidades, sobre todo las que son víctimas de delitos relacionados con la actividad ilícita de drogas y del conflicto armado en el país, tengan la posibilidad de un cambio.

“El Gobierno nacional se ha dirigido a estas comunidades para escuchar sus expectativas”, manifestó la directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas.

La funcionaria aseguró que este proyecto, nacido a través de la Resolución 01 de 2023, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, plantea tres espacios vitales.

El primero de ellos está relacionado con los “espacios de participación popular”. Esto quiere decir que la política de droga 2023-2033 fue diseñada, a través de la creación de 27 espacios en 17 departamentos y Bogotá. En la actividad, participaron 2700 personas, priorizando las opiniones de mujeres, indígenas, comunidades negras y afrodescendientes.

Además, se tomó como segundo elemento el “espacio de territorio y comisión mixta”. En él se constituyó un comité de 32 delegados, cuya función principal fue la de dialogar con los representantes de los diferentes sectores en Colombia.

El tercer aspecto está relacionado con los “espacios de articulación interinstitucional”. Aquí se concretaron hasta 60 mesas, en las que diferentes instituciones y ministerios formularon la nueva política de manera articulada.

Cooperación internacional

La cooperación internacional fue valorada por este gobierno para la creación de la política de droga que presentarán este mes. El viceministro Umaña informó que el proceso tuvo el respaldo de instituciones y entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

También destacó la participación de la ONU, Institute for Integrated Transitions, Instituto Kroc, la academia, Nuestra Tierra Próspera y embajadas como las de Estados Unidos y Suecia.

“La construcción participativa y territorial ha sido clave para asegurar que la nueva política de drogas sea una respuesta real a las necesidades de las comunidades. El compromiso del Gobierno nacional es garantizar la justicia social, la seguridad humana y el cuidado del entorno, y esta política es un paso importante hacia ese objetivo”, dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.