Desde comienzos del presente año el Gobierno colombiano adelanta gestiones para que la Misión de Verificación de Naciones Unidas pueda auditar las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de sus competencias.

Según el Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, estas gestiones las inició el propio presidente Iván Duque desde el pasado 15 de enero durante la sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU que se realizó en Cartagena de Indias para que la ONU acompañe al gobierno como garante independiente hasta el 7 de agosto de 2022.

Así mismo, en la reunión del 9 de marzo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el presidente Duque reiteró que se adelantarán “las tareas requeridas” para asegurar que el mandato de la Misión de Verificación “cumpla con las tareas descritas en el Acuerdo Final” respecto de las sanciones propias a los excombatientes Farc.

En carta que dirigió a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, Archila dice que este apoyo de la Misión de verificación “será un aporte a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en favor de las víctimas”.

Y recordó el consejero presidencial que para mantener los beneficios jurídicos, “toda persona que se someta a la JEP debe cumplir con el régimen de condicionalidad” que obliga a los comparecientes a aportar a la verdad plena y la reparación de las víctimas, no repetir sus crímenes y concurrir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuando sean llamados.