Ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe declarar este miércoles el ex comandante del Ejército Nacional, el general (r) Mario Montoya Uribe, en el marco de la investigación que adelanta esta instancia de justicia transicional producto del acuerdo de paz por las ejecuciones extrajudiciales, o ‘falsos positivos’, que cometieron uniformados, especialmente durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.
Montoya Uribe firmó acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018 y desde entonces organizaciones de víctimas de falsos positivos, como las Madres de Soacha, han estado expectantes de la declaración del ex oficial para conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, quienes fueron presentados por el Ejército como muertos en combate. Sin embargo las investigaciones y declaraciones de algunos uniformados ante la justicia han indicado que se trató de montajes para mostrar resultados operacionales y en otros casos, incluso, para que efectivos de esta institución pudieran obtener permisos por un fin de semana.
La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya Uribe ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a esta Jurisdicción y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la Fuerza Pública dentro del caso 03 o ejecuciones extrajudiciales.
El artículo 79 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 señala que “cuando una persona hubiere sido comprometida en un informe o declaración de reconocimiento, la Sala la notificará para darle la oportunidad de rendir su versión de los hechos. Al rendirla, la persona podrá hacer un reconocimiento de verdad y responsabilidad o negar los hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto".
Es por ello que la Sala de Reconocimiento llama a versión al general (r) Mario Montoya Uribe y ordena poner a su disposición los informes y las versiones en las que ha sido nombrado.
En las versiones ante la JEP los comparecientes están obligados a aportar verdad plena que significa, “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades”, según la Ley Estatutaria 1957 de 2019.
En el caso 03 ya han rendido versión otros tres generales del Ejército Nacional: el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez" (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.
Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros tres generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército.
Aporte a la verdad
Montoya ya estuvo ante los magistrados de la JEP en octubre 2018, cuando se presentó para firmar el acta de sometimiento. No obstante en esa oportunidad las organizaciones de víctimas se declararon defraudadas porque el general (r) dijo que no estaba comprometido en falsos positivos ni sabía nada al respecto.
En esa oportunidad Montoya, quien fue el primer general del Ejército en someterse a la JEP, dijo que “estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’. Esta frase se la sabe el Ejército y estaba escrita en los centros de operaciones”.
El general (r) Montoya es investigado en la justicia ordinaria por casos de falsos positivos por la cual fue cobijado con orden de captura en 2016 por parte de la Fiscalía. En ese entonces fue llamado para imputación de cargos por otros casos cometidos entre 2006 y 2007.
Montoya fue procesado también por la masacre de San José de Apartadó de 2005, ejecutada por paramilitares bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna.
No obstante la acción penal contra Montoya por estos hechos podría cesar en caso de que la JEP tenga en cuenta su aporte a la verdad.