El exgerente de la empresa de Servicios Públicos y excongresista, Edwin Ballesteros, fue imputado por 13 delitos en cinco contratos involucrados, presuntamente, en una red de corrupción en la Gobernación de Santander. 

Los contratos irregulares fueron adjudicados entre 2014 y 2015 durante la administración del también investigado por corrupción, el exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar. 

De acuerdo con la Fiscalía, los cargos presentados son por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, cohecho propio y concusión.

Entre las pruebas fundamentales de este caso de corrupción están los testimonios de Lenin Pardo y Andrés Díaz, quienes se arrepintieron públicamente por los hechos e involucraron al exsenador Aguilar. 

En el caso de la pareja de esposos, Lenin Pardo, contratista y Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaría de Infraestructura del exgobernador Richard Aguilar, Edwin Ballesteros, recibió $600 millones para direccionar contratos cuando estuvo como gerente de la Esant.

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“Entonces delante mío, Octavio Reyes (contratista de las obras de reforzamiento de la villa olímpica Alfonso López de Bucaramanga) le dice a Julián Jaramillo que necesitaba que lo contactara con Richard Aguilar o que, a través de uno de nosotros, le lleváramos la razón de que le devolviera los $600 millones que Octavio le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlo, en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico. Es ahí cuando me entero por el mismo Octavio Reyes que él en el año 2015 le había entregado a Edwin Ballesteros la suma de 600 millones de pesos que eran para Richard Aguilar”, dijo Pardo. 

Del mismo modo Lenin Pardo relató que “Richard Aguilar en contraprestación ( de esos 600 millones) le autorizaría a Edwin Ballesteros, gerente de la ESANT, asignarle a Octavio Reyes dos obras de alcantarillado a través de la empresa de servicios públicos, una en el municipio de Chipatá y otra en el municipio de Barichara".

Sin embargo, dichos contratos no se ejecutaron pues Ballesteros renunció a su cargo a principios de 2016 y  "la nueva administración decidió bajar de la página del SECOP los dos procesos que estaban en curso incumpliendo la promesa y quedando en el limbo el dinero entregado”, dice Lenin Pardo ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.