La Corte Suprema de Justicia absolvió a Julio Eugenio Gallardo, ex presidente de la Cámara de Representantes, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, durante un convenio suscrito entre el representante legal de la Comercializadora Feralg Ltda y Alfredo Ape Cuello.Gallardo , quien fue parlamentario en el periodo 2021 y 2018, contrató a dicha empresa para la compra de equipos de cómputo e impresoras, además de otros  componentes informáticos.

Para ese momento, Gallardo incluyó en los requisitos de la licitación pública, un criterio adicional para evaluar las propuestas económicas. Según esta nueva condición, los oferentes debían presentar propuestas que equivalieran al menos al 97% del presupuesto destinado a la adquisición de equipos y suministros. Aquellos que no cumplieran con este mínimo no recibirían puntos en la evaluación económica.

Feralg Ltda se quedó con el contrato y efectuaron la transacción por el valor de 1.940 millones de pesos y se hablaba de presuntas irregularidades por sobrecostos en la compra.

El 15 de mayo de 2013, el tribunal decretó la apertura de instrucción y ordenó vincular mediante diligencia de indagatoria a los expresidentes de la Cámara de Representantes, por no cumplir con el deber de seleccionar de manera justa y objetiva, así como por no seguir los principios de planificación y responsabilidad que se aplican a la contratación pública.

De acuerdo con el alto tribunal, el abogado defensor presentó una objeción al informe que evaluaba los daños causados por la conducta investigada, el cual se había diferido para ser considerado en el fallo emitida el 4 de junio de 2021.

Cabe señalar que anteriormente fue absuelto del delito de peculado, por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, cuando, en 2006, celebró cinco contratos de prestación de servicios que eran innecesarios y contrariaban la racionalización del gasto público.

En 2023, Julio Eugenio Gallardo fue sentenciado por sostener reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno, en el que le entregó la suma de $200 millones para que favorecerse en un proceso penal.  Cuando el entramado de corrupción salió a la luz , el exfiscal Moreno sacó a la luz su nombre y fue allí cuando iniciaron las investigaciones.