Durante la audiencia de imputación, el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, no aceptó cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por contratos con canal Regional Tro.
Según el informe presentado por el fiscal Julio Ospina "no se realizó un estudio mínimo y aceptable sobre la necesidad y la forma adecuada desde el punto de vista normativo de estructurar los aspectos esenciales del futuro convenio”.
Además, el fiscal 11 agregó que este contrato benefició a terceros cuyas empresas eran personas cercanas al entonces gobernador.
"Contrataron con empresas cuyos propietarios son padrinos de matrimonio del exgobernador Mauricio Aguilar, de la revisión de la contratación se establece que no existe un análisis del mercado, del sector económico, no existe un documento de un análisis previo del medio de comunicación, hora, publicación, tampoco, no existen investigaciones de por qué se asignó dicho medio radia, ni estudios de mercados", indicó Ospina durante la audiencia
Como se sabe, el convenio interadministrativo 2516018 del 2021 tenía como objetivo ‘aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y Televisión Regional del Oriente Ltda. Canal TRO para la divulgación y posicionamiento de la imagen institucional Siempre Santander a través de los medios de comunicación y entornos digitales del departamento’.
Otros contratos
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Aguilar Hurtado, por posibles irregularidades en un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19, que habría superado los $ 1.000 millones.
La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.
El bilateral, que tenía por objeto la atención a la comunidad, en lo relacionado con el covid-19, a través de un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.
No obstante, el ministerio público aseguró que la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado.
En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó la conducta del exgobernador quien, habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo.
La Procuraduría también formuló cargos al mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el negocio jurídico, y al supervisor del contrato, pues habría suscrito y aprobado las actas de supervisión del contrato y presuntamente no informó del incumplimiento del contratista.
Las conductas objeto de investigación fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.