La Procuraduría General de la Nación advirtió este lunes que la falta de presupuesto, equipos interdisciplinarios y la sobrecarga laboral tienen al riesgo de colapso a las defensorías de familia, y en peligro la restitución de derechos de los menores de edad que son víctimas de casos de violencia y maltrato, que en la época de pandemia se han disparado, especialmente en Bogotá y 9 departamentos.
La viceprocuradora general, Adriana Herrera Beltrán, reveló que una acción preventiva de vigilancia y seguimiento al trabajo que desarrollan las defensorías de familia dejó al descubierto que los equipos humano con los que deben trabajar los defensores, en la mayoría de los casos, están incompletos con lo que no se cumplen los términos de ley para verificar las denuncias. De hecho, aún se trabaja en casos de 2008.
“Esto demuestra que el Estado tampoco está llegando a tiempo para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes con derechos presuntamente vulnerados o amenazados, evidenciándose que las defensorías de familia no logran atender toda la demanda de manera oportuna, y no cuentan con los equipos interdisciplinarios completos, de los que deben hacer parte psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas”.
Según el informe, los contratistas que el instituto vincula para apoyar en la descongestión de las defensorías de familia siguen siendo insuficientes para la oportunidad en la atención que se necesita, cuando se trata de restablecer derechos fundamentales de la infancia, la adolescencia y la juventud.
El 59% de las defensorías encuestadas no cuentan con equipos interdisciplinarios completos, y carecen de secretarios, sustanciadores y notificadores, funciones que los profesionales también deben asumir, según el ministerio público
Asimismo identificó que de los servidores públicos que hacen parte de las defensorías de familia, actualmente cuentan con recomendaciones médico laborales para el ejercicio pleno de sus funciones el 79,21% de los defensores de familia, el 28,5% de los trabajadores sociales y el 22,58% de los psicólogos.
La viceprocuradora sostuvo que con la emergencia sanitaria por el covid-19, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes fueron suspendidos desde el 17 de marzo al 28 de agosto de 2020, hasta que el Consejo de Estado ordenó al ICBF su reactivación.
El organismo de control insistió en que la violencia y el maltrato contra niños y adolescentes va en aumento en el país, especialmente en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, y Santander y Valle del Cauca, y que de no fortalecerse a las defensorías de famiia “llegará el momento en que la congestión de sus despachos colapsará y conllevará a la pérdida de competencia de los procesos”.
El 59% de las defensorías encuestadas no cuentan con equipos interdisciplinarios completos, y carecen de secretarios, sustanciadores y notificadores
Ante este panorama, la entidad intervino y logró “reducir en 53,71% la población en situación de vulneración de derechos con respecto a la cifra inicial que dio origen a esta vigilancia por parte de la PGN. Fueron capacitados 10.611 funcionarios públicos y privados para fortalecer y cualificar a los profesionales inmersos en tareas y responsabilidades relacionadas con la niñez y adolescencia de nuestro país”.
Beltrán puntualizó que también se convocó al “Ministerio de Salud y Protección Social a implementar rutas de atención especializadas para el apoyo a la población con discapacidad, consumidora de sustancias psicoactivas y bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes”.