La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Claudia Lorena Moscoso Gilón, posible integrante de la organización delincuencial ‘Los Cancerberos’, como presunta responsable de proferir amenazas de muerte en contra de jueces, fiscales, líderes políticos, periodistas, abogados e integrantes de la fuerza pública en Tuluá (Valle del Cauca).

Esta persona, al parecer, promovió la elaboración y divulgación de, por lo menos, cuatro panfletos entre julio y septiembre de 2023, en los que se anticipaban acciones violentas en contra de funcionarios y otras personalidades del municipio que, en ejercicio de sus labores, actuaban o denunciaban el actuar criminal de ‘Los Cancerberos’ o equívocamente se les señalada de favorecer a otros grupos delictivos.

En el curso de la investigación se acreditaron 58 víctimas, entre ellas 4 fiscales, 4 jueces; el entonces candidato y actual alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, y su asesor; 3 concejales, uno de ellos era Eliecid Ávila Ávila, quien fue asesinado durante los primeros días de enero en un atentado; 5 aspirantes al cabildo municipal; 3 periodistas y sus familias; y 4 abogados. Además de integrantes de la Policía Nacional e investigadores del CTI de la Fiscalía.

En uno de los mensajes entregados a los medios de comunicación regionales y difundido en redes sociales, la organización ilegal se atribuyó la activación de un artefacto explosivo en la sede de los juzgados penales especializados de Tuluá, hecho que ocurrió el 12 de septiembre de 2023.

Claudia Lorena Moscoso Gilón fue capturada en su lugar de residencia, el 29 de septiembre de 2023. Durante la diligencia le fueron encontrados 4.091 panfletos y otros elementos de prueba que dan cuenta de su posible autoría en las múltiples intimidaciones. En su momento, fue judicializada por el delito de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ahora, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el apoyo de una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, le imputó los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; y amenazas.

La procesada no aceptó los cargos y seguirá privada de la libertad en centro carcelario.