El exmagistrado de la Corte Constitucional, actual director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, habla sobre el proyecto de reforma al Estatuto de esta práctica

_____________

EL NUEVO SIGLO: Ayer se inició el Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional, ¿cuáles son los principales temas que serán abordados en el evento?

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO: Este es el cuarto Congreso Nacional e Internacional de Arbitraje que es realizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este Congreso, lo estamos haciendo desde hace tres años en Cartagena. Tratamos de ser comprensivos tanto en lo procedimental como en lo sustantivo. Es decir, hay temas de procedimiento arbitral como la reforma al Estatuto, también lo relativo a una innovación que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia, los centros de arbitraje y otras ONG, que es la posibilidad de hacer dentro del proceso ejecutivo un proceso que se pueda tramitar a través del arbitraje. Y en tercer lugar, hay un panel muy interesante sobre el proceso arbitral abreviado o acelerado. Esto, como resultado de un grupo de trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil (Uncitra) que realizó en Viena el año pasado y en Nueva York a comienzos de febrero de este año. Entre los invitados están el presidente del grupo de arbitraje de Uncitral, el chileno Andrés Jana y la presidenta del Centro de Arbitraje de Santiago de Chile, Macarena Letelier. Nos contarán sobre las novedades que Uncitral quiere plantearles a los países de América Latina para que adopten reglas más rápidas, más abreviadas y simplificadas en relación con el proceso arbitral.

En lo sustantivo tenemos paneles relacionados con los nuevos conflictos y controversias por servicios en el sector de hidrocarburos que se están presentando. Las discusiones y las controversias en relación con las nuevas tecnologías de exploración y explotación, lo que llaman fracking. Estamos también presentando un panel en relación con el sector farmacéutico, así mismo, con propiedad intelectual y con la intervención administrativa de los gobiernos. Tenemos además un panel sobre grandes superficies, es decir, todas aquellas disputas jurídicas entre estas grandes cadenas y los consumidores. El derecho al consumidor está en el centro. Así mismo el sector turístico, que como lo ha venido diciendo el Gobierno nacional tiene una dinámica impresionante y representa una fuente de divisas importantes. Ahí estamos enfocando lo relativo a las disputas que puedan ser susceptibles de arbitraje tanto en el sector aeronáutico como en el hotelero. Tenemos ocho paneles sustantivos que unidos a los temas procesales dan una edición bastante comprensiva e integral a este Congreso.

ENS: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de reforma al Estatuto Arbitral que actualmente se tramita en el Congreso?

MGC: Tengo tres comentarios. En primer lugar, este proyecto fue votado en Comisión Primera del Senado, en primer debate, por unanimidad. Todas las fuerzas políticas del país representadas en esta Comisión, de todo el espectro político, coincidieron en la aprobación de esta reforma al Estatuto, lo cual es una gran noticia para el sector y para el país. En segundo lugar, destacar los ponentes que realizaron una labor muy seria, un trabajo muy profundo, muy a fondo sobre la bondad de las reformas. Y la comunidad arbitral de Colombia y de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, etc., han estado muy atentos al desarrollo de los trabajos preliminares de este esfuerzo legislativo y han hecho sus contribuciones.

En cuanto a los contenidos, a través de esta reforma, se busca hacer más expedito el arbitraje, al hacer unos ajustes, no un cambio fundamental respecto al de la ley 1563, que está vigente. Estos son ajustes surgidos de la práctica. Se busca también introducir y desarrollar con mayor extensión un concepto interesante, que es el arbitraje social. Es decir, lograr que las personas de estrato 1 y 2 o la población vulnerable pueda acceder al mismo arbitraje que las grandes empresas y las grandes entidades públicas en los mismos centros de arbitraje, en las mismas salas de audiencia, con la misma legislación, con los mismos árbitros que resuelven disputas mercantiles o administrativas de altísima cuantía. Que de modo gratuito, este mismo aparato institucional le provea justicia arbitral a esos sectores menos favorecidos de la población colombiana. Este concepto de función social del arbitraje es algo que la reforma quiere impulsar con mucha fuerza y nosotros estamos muy entusiasmados para que ello sea una realidad.

Transparencia

ENS: La iniciativa busca también más transparencia en la designación de los árbitros, ¿hoy no es así?

MGC: Actualmente tenemos un sistema totalmente transparente para la designación de árbitros. Primero, porque los árbitros son designados por las partes entonces, se supone que deben cumplir los requisitos de idoneidad, ética y de neutralidad para poder serlo. Ninguna parte va a aceptar un árbitro que tenga un sesgo para su contraparte, eso es elemental. Esta es una primera garantía. En segundo lugar, cuando los partes no llegan a un acuerdo para los árbitros entran los centros de arbitraje. En el caso nuestro de la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos auditoría externa e interna para verificar los sorteos que se hacen y la misma legislación con sano criterio ordena que sea a través de procedimientos públicos y aleatorios. Entonces, no hay posibilidad que haya una interferencia indebida en los procesos. Ahora, bien en ocasiones por tratarse de abogados particulares que ejercen función arbitral transitoria puede ocurrir que haya conflictos de interés.

La legislación y la práctica de nuestros reglamentos arbitrales son mucho más severas que la que se le impone a un juez en materia de neutralidad. En el arbitraje además de las causales de recusación e impedimento que se les imponen a los jueces existen unas situaciones adicionales de conflictos de interés hipotético que tienen el deber de revelar más allá de los impedimentos convencionales. Eso nos gusta tenerlo, porque favorece la institución del arbitraje y a las partes.

ENS: ¿Tendría algún reparo para hacerle al proyecto que pudiera ser subsanado en los debates que le restan?

MGC: En general nos gustan las iniciativas de reforma. Nos parecen correctas, las hemos discutido mucho. Cuando tuvimos alguna objeción la planteamos y hemos tenido muy buena receptividad tanto del Congreso de la República como del Gobierno nacional, de manera que no hay queja ni reproche alguno.

ENS: ¿Cómo está la práctica del arbitraje en el país?

MGC: El arbitraje en Colombia goza de muy buena salud. En estos momentos tenemos una comunidad de abogados árbitros cada vez más capacitados, más cualificados. En segundo lugar, tenemos un poder judicial cada día más entendido y deferente con el arbitraje y, finalmente, lo más importante, tenemos confianza ciudadana creciente tanto de ciudadanos particulares como de las grandes empresas privadas y estatales.