EN COLOMBIA se incrementó el hurto de motocicletas, sin contar con que sus propietarios son víctimas de extorsión y sus vehículos son devueltos tras el pago de importantes sumas de dinero.

El presidente ejecutivo nacional de Asopartes, Carlos Andrés Pineda Osorio, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que desde el 1° de enero hasta el 31 de octubre del año en curso se registraron 32.676 hurtos de motocicletas, en diferentes modalidades.

Dijo que se registra un incremento del 1.92 % frente al mismo período del 2022, cuando se presentaron 32.060 casos, de acuerdo con las denuncias hechas a los organismos de investigación.

“El aumento en materia de hurtos preocupa, porque puede costar la vida de colombianos. Los delincuentes para llevar a cabo sus acciones criminales emplean armas de fuego, llaves maestras, armas contundentes y escopolamina. También ocurre el halado, porque sus propietarios las dejan en vías públicas sin protección”, señala Pineda Osorio.

En cuanto a los hurtos de motocicletas que no son denunciados ante las autoridades, el presidente ejecutivo nacional de Asopartes señala que “bandas delincuenciales, bandas organizadas, una vez se apoderan de la motocicleta, llaman a su propietario y le exigen un rescate para devolverla”.

Revela que “el propietario lastimosamente en muchas oportunidades prefiere acceder a ese pago del secuestro de su vehículo y no acude a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, ante la Policía Nacional y ante la Fiscalía General de la Nación”.

Precisa que los departamentos de Antioquia, con 2.972 hurtos –601 con armas de fuego–; Valle del Cauca, 2.257 –con 801 con armas de fuego–; Cundinamarca ,1.880 –407 con armas de fuego–, y Atlántico, 1.370 –577 con armas de fuego–, son las regiones que más registros de hurtos de motocicletas tienen.

También se reportan importantes incidencias en el Huila con 1.349  y el Cauca con 1.228.

En cuanto a los Llanos Orientales, destaca que los hurtos son menores en comparación con los otros departamentos mencionados, pero no dejan de ser importantes por sus características y las modalidades que emplean los criminales.

Señala que en el Meta ocurrieron 700 hurtos, entre ellos 124 con armas de fuego.

Bandas criminales

Denuncia que las bandas organizadas y especializadas en esta modalidad criminal y dedicadas al desguace están asentadas principalmente en Bogotá, Medellín y Cali.

Esencialmente dice que “las bandas delincuenciales utilizan estas modalidades para desguazar las motocicletas y venderlas por partes o piezas. Pero también utilizan la modalidad de robarlas en las grandes ciudades y luego llevarlas a ciudades intermedias o menores y a pequeños pueblos. También las llevan a ciudades donde hay más flujo de este tipo de vehículos”.

Insiste que para llevar a cabo estas acciones criminales, los antisociales emplean el famoso ‘gemeleo’ y la adulteración de las matrículas para desviar la atención de las autoridades.

Señala que “en años anteriores detectamos el fenómeno del hurto de vehículos y de motocicletas en algunas ciudades de Colombia y que eran trasladados esencialmente a países vecinos como Ecuador y Venezuela, al parecer porque tenemos una frontera grande y porosa”.

Acota que se trataba de motocicletas de bajo cilindraje, pero por supuesto puede que se presente en todas las gamas de vehículos.

Argumenta que “en este momento es necesario poder combatir y enfrentar este flagelo y disminuirlo a su mínima expresión en coordinación con las autoridades. Es necesario emplear nuevos mecanismos para que podamos llegar a una reducción importante en el número de vehículos y motocicletas que son hurtados”.

Denuncia que “lo hemos dicho no solo porque afecta a la industria, al comercio legal y formal de piezas, partes y accesorios, sino también porque es un flagelo que pone en peligro la vida de los colombianos”.

Asegura que “cada vez que hurtan un vehículo y/o una motocicleta a mano armada, con violencia e incluso una bicicleta, obviamente se está poniendo en peligro la vida de un colombiano, la vida de una familia. Y por supuesto que en algunas de esas ocasiones se presentan hechos que cobran la vida de un ciudadano”.

De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, en muchos de estos hechos que se ejecutan con armas de fuego y con violencia se presentan víctimas.

Sin embargo, anota que “es necesario aclarar que las autoridades ponen en un contexto el hurto y en otro la muerte de una persona y por esta razón no tenemos la posibilidad de visualizar esa relación. Pero indudablemente sí se han presentado muertes por este flagelo del hurto de motocicletas, vehículos e incluso bicicletas”.

Afirma que “desde Asopartes, otras agremiaciones y de los mismos ciudadanos, estamos utilizando los mecanismos de denuncia, de suministrar la información necesaria a las autoridades y en especial a la Policía Nacional, a la Dijín, a la Sijin y a la Fiscalía General de la Nación, para enfrentar los desguazadores y ventas clandestinas de repuestos de segunda”.

Articulación

Insistió en que “desde el sector automotor y sus partes tenemos una articulación de trabajo y mesas de trabajo. Además, pertenecemos a los frentes de seguridad empresarial y vamos a seguir haciendo esa tarea de actuar con las autoridades, con la legalidad y con la formalidad para atacar estos delitos, que no solo generan pérdidas económicas, pérdidas de activos de los colombianos, sino también la vida de los ciudadanos”.

De otro lado, aseguró que “en el pasado se venían ejecutando operativos con las autoridades, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades, por lo cual hemos podido suministrar información que tiene sus procesos de inteligencia y de desarrollo de operativos que concluyen con el desmantelamiento de ese tipo de lugares”.

También narró que “se han ejecutado operativos que han concluido con el desmantelamiento de las bandas articuladas y que terminan en la judicialización”.

Asegura que “se deben articular los controles para evitar la venta de repuestos de vehículos y motocicletas hurtados. Ante la falta de controles más estructurados, debiéramos volver a la situación de no permitir la venta de partes usadas en el país y, reitero, hasta contar con amplios mecanismos de control”.

Puntualiza que “hoy las autoridades no tienen un mecanismo de control para determinar que un repuesto usado fue adquirido legal o ilegalmente. Si un repuesto que se está ofreciendo en un establecimiento de comercio y es de segunda, determinar cuál es su procedencia, cómo se adquirió, quién lo comercializó y cuál fue la fuente de ese producto”.

Advierte que “se requieren muchos más operativos, más factores de disuasión para los delincuentes, pero sobre todo que la justicia pueda actuar y que los fiscales y los jueces de la República, quienes están a cargo de la judicialización final, descarguen todo el peso de la ley y no suceda que después de meses de investigación e inteligencia y cuando se va ante las autoridades no se consideran todas esas pruebas y son liberados estos facinerosos y bandas de criminales”.

Agrega que “no es justo que luego de meses de trabajo se produzca un hecho de desmotivación no solo en las autoridades, no solo en la Fuerza Pública, sino también en los ciudadanos que han denunciado y que han participado en buscar controlar este tipo de delitos”.