Hasta el abominable atentado de esta semana, en la Escuela de Cadetes General Santander, con el saldo de 21 víctimas mortales y 87 heridos, el país parecía haberse olvidado de que existía el Eln. Inclusive muchos de los más entendidos en los temas del llamado conflicto armado interno, en la nación, la consideraban una organización marginal sobre la que ya se vería, en su momento, qué hacer.
Así las cosas, durante los últimos tres lustros, los recursos del Plan Colombia, las acciones militares y la voluntad política, mejor dicho, el Estado en su conjunto, se habían concentrado en perseguir y diezmar a las Farc, luego de la ruptura de los diálogos del Caguán y la remoción posterior de los principales reductos del paramilitarismo, hasta terminar de desactivarlas por la vía de la transacción durante el doble mandato de Juan Manuel Santos, después de que en principio cayeron sus jefes principales y buena parte de sus cuadros intermedios, bajo los lineamientos aceptados por la mayoría nacional en los postulados de la “seguridad democrática”. Santos viró luego hacia la negociación y cumplido el propósito prioritario de la entrega de armas, a cambio de beneficios que suscitaron gran polémica y dividieron al país, se dijo que se pasaría a una etapa de “posconflicto”, sobre la tesis de que ya no existía ninguna agrupación en capacidad de poner en jaque al Estado, ni con posibilidades efectivas de desestabilización, por lo cual podían darse por terminados 50 años de aguda confrontación, según fue la consigna sustancial.
Por eso la tenebrosa explosión del carro bomba con 80 kilos de pentolita de esta semana, en el centro docente de oficiales de la Policía Nacional y prontamente adjudicada por las autoridades al Eln, fue para Colombia como aterrizar de nuevo en una pesadilla interminable. De repente, entonces, se volvió a caer en cuenta de que esa organización podía ser una fuerza tan desestabilizadora y terrorista como la que había costado tan largo período desarticular, en las Farc, incluidos cambios institucionales fundamentales como la reelección presidencial, a fin de su derrota. De hecho, de inmediato se comparó el atentado de la Escuela General Santander, por parte del Eln, con el del Club El Nogal, por parte de las Farc, dos de los peores eventos terroristas en la convulsionada historia de las últimas décadas en el país.
Fueron 16 años, entre las dos administraciones de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que se dedicaron, como se dijo, bien por la vía militar, bien por la vía de la negociación, a sacar a las Farc del escenario bélico. En tanto, el Eln mantuvo su accionar, pero ni desde el punto de vista militar, ni desde el político, adquirió el estatus que el mismo Estado y sus protagonistas le dieron a la otra organización pese a que no quería quedarse atrás. Esto, en buena medida, porque las Farc tenía un mayor número de componentes, mayor despliegue territorial y había adquirido un protagonismo definitivo a partir del secuestro.
Esto último fue lo que llevó a que las Farc fueran consideradas por años como el mayor desafío a la institucionalidad colombiana y la única organización armada ilegal que podría llegar a tener la capacidad real de intentar tomarse el poder por la fuerza, una posibilidad que no se le atribuía a los ‘elenos’ y mucho menos a los paramilitares, pese a que unos y otros perpetraron tantos hechos militares, de terrorismo y de extrema barbarie como las primeras.
Estatus secundario
Es más –y negarlo sería muy ingenuo- cada vez que en Colombia se intentó una salida negociada al conflicto en los últimos gobiernos, bajo la tesis de dialogar con una subversión unificada en la otra orilla, la figura de la “coordinadora guerrillera” era entendida como viable en tanto estuvieran primordialmente las Farc y, en un segundo plano, el Eln y las demás facciones insurgentes de menor dimensión.
Esa circunstancia terminó haciendo carrera no solo en el imaginario popular sino también en el de los procesos de paz, y prueba de ello fue la negociación del gobierno Pastrana, que privilegió las tratativas con las Farc. Luego la administración Santos hizo lo propio, dejando el tema del Eln como un asunto, no secundario ni residual como tal, pues este grupo ha demostrado un poder de desestabilización y capacidad de hacer daño muy alto, pero sí menos prioritario. Incluso puede traerse a colación aquí la metáfora de un monstruo de varias cabezas frente al cual se pensaba que cercenándole la más grande y peligrosa, las demás podrían ser dominadas de forma más fácil o, incluso, se marchitarían por sí solas poco a poco.
Santos, es claro, enfocó toda su acción gubernativa en negociar con las Farc y solo cuando las conversaciones en La Habana comenzaron a tomar un ritmo que parecía irreversible decidió emprender una agenda paralela con el Eln. Aunque se llegó a hablar de un modelo de “dos mesas, un solo acuerdo”, en realidad nunca hubo tal posibilidad. Es más, la cúpula ‘elena’ siempre fue enfática en que lo que se iba pactando en La Habana no la comprometía en lo más mínimo. Por el contrario, en varias ocasiones puso de presente sus peros a lo que las Farc iban firmando con el gobierno Santos. Incluso, cuando el acuerdo se finiquitó en Cuba, el Eln tomó distancia del mismo y llegó a considerar que no reflejaba el “espíritu revolucionario” que años atrás ambas organizaciones defendían bajo el paraguas de la “coordinadora guerrillera”.
Nuevo escenario
Salidas las Farc del escenario bélico (aunque las disidencias han crecido exponencialmente en los últimos dos años) es claro que el Eln busca convertirse en el principal actor y vocero de la insurgencia en Colombia ¿Cómo? De dos formas muy puntuales: primero, escalando su accionar militar y de capacidad de desestabilización. Y, segundo, planteando un proceso de negociación más ambicioso y “revolucionario” en cuanto a cambios en el modelo político, económico, social e institucional que el negociado y pactado con las Farc.
Estando un proceso de paz descartado por este momento, luego del atentado del jueves, habría que concentrarse en la cuestión típicamente militar y de hostilidades contra la población civil. El propio presidente Iván Duque hizo el viernes una descripción muy puntual del accionar de este grupo insurgente, dando a entender que es un error considerarlo como un tema menor.
“El engaño sistemático y la violencia irracional han caracterizado casi tres décadas de fallidas conversaciones con el Eln. La lista de atentados terroristas, secuestros y crímenes es bien conocida por todos los colombianos. Desde las 78 víctimas del vil ataque al oleoducto en Machuca, Antioquia, hace 20 años, hasta los estudiantes de la Escuela de Cadetes en Bogotá el día de ayer, muestran el innegable hilo conductor que los guía, que no es otro que el desprecio a la vida. Los registros oficiales nos indican que 5.682 ciudadanos inocentes han sido secuestrados por el Eln en los últimos 23 años: esto es 247 secuestrados al año, y alrededor de dos personas cada tres días. El Eln es y ha sido una máquina criminal de secuestros y atentados. Durante los 17 meses del proceso de diálogo entre la administración anterior y el Eln, estos criminales ejecutaron 400 acciones terroristas en 13 departamentos, dejando 339 víctimas y más de 100 asesinatos”, denunció el Jefe de Estado.
Agregó Duque que “en lo corrido de nuestro Gobierno el Eln ha pretendido seguir con secuestros y actos terroristas, asesinando líderes sociales, y a pesar de los insistentes pedidos de familias indefensas, se ha negado a proveer la mínima información humanitaria de los 16 secuestrados que hoy tienen en su poder y de quienes no se conoce ninguna información. En estos casi seis meses no hemos bajado la guardia y hemos capturado 385 de sus miembros y se han registrado más de 148 desmovilizaciones individuales”.
Un reto complejo
¿Cómo actúa militarmente el Eln? Esa es la pregunta clave para entender a qué tipo de reto se enfrenta el presidente Iván Duque ahora que decidió, tras el cruento atentado del jueves pasado, paralizar cualquier tratativa de paz con esa facción insurgente y ordenar una ofensiva militar de amplio calado. No hay que olvidar que aunque no rompió el proceso de paz como tal, sí lo congeló casi definitivamente porque no tiene negociadores gubernamentales nombrados y levantó la suspensión de las órdenes de captura de los delegados subversivos, pidiendo, además, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y otros países que procedan a su captura y deportación a Colombia para someterlos a la justicia.
¿Militarmente cómo es el Eln? Según los informes del Ministerio de Defensa esta organización no tiene más de 2.500 hombres-arma, pero cuenta con una red de milicias en ciudades y zonas rurales muy fuerte, con alta capacidad de infiltración en nichos sociales, campesinos, comunitarios y de activismo local. Si bien tienen campamentos y régimen castrense cerrado, gran parte de sus combatientes no anda uniformado a todo momento y eso les permite moverse con mayor movilidad entre los civiles y en grupos más pequeños.
A diferencia de las Farc, que buscaban configurar una fuerza militar de índole nacional y control progresivo territorial, capaz de tomarse el poder por las armas, al mando de una “revolución popular”, el Eln se enfoca más en la consolidación de espacios locales y regionales, en donde controla o hace transversal su influencia a las cadenas de poder político, económico, social e institucional.
Otra diferencia clave radica en que mientras las Farc eran una estructura jerárquica piramidal y de mando vertical, en donde el Secretariado primaba casi religiosamente, el Eln funciona más como una especie de “federación” de distintos bloques y frentes de guerra, con un “Comando Central” (Coce) que actúa por consenso pero en el que cada uno de sus integrantes tiene un margen de acción más amplio en el campo operativo y de “economía de guerra”. Aquí es clave, por ejemplo, que mientras los estatutos ‘elenos’ establecen que solo dos de los cinco integrantes de la cúpula pueden estar en Colombia y el resto en el extranjero, en las Farc todos debían permanecer en sus respectivos frentes de guerra, una circunstancia que fue determinante para darlos de baja, como ocurrió con los casos de ‘Jojoy’, ‘Reyes’ o el mismo ‘Alfonso Cano’.
Si bien es cierto que el Eln ha buscado en los últimos dos años crecer su estructura, desdoblando frentes en las zonas que dejó libres las Farc, su capacidad de reclutamiento en muy lenta e incluso supremamente desconfiada frente a lo que pasaba con las Farc. Además, en zonas de Arauca, Catatumbo, Cauca, Nariño y Bolívar le ha tocado a sus “bloques de guerra” entrar a pelear el territorio con disidencias de Farc, el “Clan del Golfo”, carteles del narcotráfico y minería ilegal. El pulso más fuerte lo libra en el Catatumbo, en donde lleva más de un año combatiendo con los “pelusos”, el antiguo reducto del EPL que comandaba el abatido “Megateo”.
Esa particular forma de operar del Eln, que es más dado a “golpear y correr”, con una visibilidad de sus cabecillas y frentes mucho menor a la que tenían las Farc en su momento, ha llevado también a que la capacidad de las autoridades para golpear a sus jefes y estructuras sea más limitada. Una falencia aún más grave a nivel de las milicias urbanas, que están muy atomizadas.
En cuanto a capacidad de maniobra internacional, hay que decir que el Eln va más allá de sus contactos y la permisividad que tienen varios de sus cabecillas en Cuba o Venezuela. En realidad desde hace muchos años cultiva relaciones muy fuertes con algunas corrientes de la Iglesia europea, sobre todo la alemana y la española, así como con varios sectores de izquierda del viejo continente y Suramérica.
¿Qué esperar en los próximos meses? Es muy posible que congelada casi de forma definitiva la negociación en La Habana, el Eln desate una escalada de ataques, secuestros, atentados a oleoductos e infraestructura energética. Tampoco es de descartar ataques terroristas como el perpetrado esta semana, así como acciones puntuales de las milicias urbanas.
Es allí en donde la orden de pasar a la ofensiva dada por Duque a la Fuerza Pública tendrá su gran reto. No es fácil golpear al Eln, sin embargo hay recursos, capacidad de inteligencia y de operatividad para hacerlo y de forma contundente. Los meses que vienen serán una prueba de fuego al respecto. De los resultados del Ejecutivo dependerá que la opinión pública respalde la mano dura o, atemorizada por la escalada subversiva, se muestre dispuesta a una nueva ventana a la negociación de paz.