Para el próximo martes está convocada una nueva jornada nacional de manifestaciones. El país está a la expectativa

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Los hechos violentos que sacudieron al país, en especial a Bogotá, tras la jornada de paro del pasado 21 de noviembre cuando los desmanes opacaron la protesta social, parecen haber regresado con el inicio de 2020.

Las centrales obreras programaron para ese martes, coincidencialmente también 21 pero de enero, una nueva jornada de protesta con los mismos argumentos que las llevaron el año pasado a sacar a las calles a miles de colombianos durante casi un mes: rechazo a los anuncios de reforma pensional, reforma laboral, la nueva reforma tributaria, el creciente desempleo, el asesinato de cientos de líderes sociales, etc.

El Gobierno ha intentado atajar las manifestaciones y esta nueva jornada será la prueba de fuego que dará la definitiva sobre si sus estrategias han funcionado.

Pero este paro tiene varios elementos que lo diferencian del de finales de noviembre. El primero es que el Gobierno está advertido de lo que puede pasar si deja que el descontento popular vuelva a tomarse las calles del país.

El Ejecutivo sabe que son muchas las razones por las que la gente se está manifestando y eso lo demuestra el variopinto pliego de peticiones de la Mesa Nacional de Paro.

Además, se sabe que varios de esos puntos perdieron coyuntura o ya fueron desestimados por el Gobierno. Por ejemplo, una de las solicitudes de los miembros del Comité de Paro era que se retirara la Reforma Tributaria que hacía tránsito en el Congreso, sin embargo, la ley ya fue aprobada y entró a regir desde el pasado 1 de enero. 

Los marchantes, además, exigían la derogatoria del decreto que creó el llamado holding financiero, sin embargo, el decreto ya fue firmado y está vigente.

También solicitaban la derogatoria de la circular 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada, que aún está siendo estudiada por el Ministerio del Trabajo y la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). 

Días después y antes del receso de fin de año los miembros del comité ampliaron sus propuestas a 104, en las cuales incluyeron la liberación de los capturados en las manifestaciones y los “presos políticos”, más la estatización total de la empresa Ecopetrol.

Con respecto a este último punto, hoy el Estado es dueño del 88,49% de la empresa de hidrocarburos y el resto corresponde a inversionistas y a cerca de 300.000 ciudadanos, por lo que el Gobierno no ve con buenos ojos esta propuesta.

Los manifestantes también exigen la prohibición del método de extracción no convencional conocido como fracking y que en el país no se vuelva a implementar la técnica de fumigación aérea con glifosato.

Todos estos puntos han sido respondidos uno a uno por el Gobierno y tal vez la declaración más diciente del gobierno la dio Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien sostuvo: “Nos preocupa que esa es una agenda de modificación de casi todo el Estado, y el Gobierno del presidente Duque no va a negociar ni el Estado, ni el modelo económico, la totalidad de procesos que afecten la vida nacional porque él tiene un mandato constitucional de 10 millones de colombianos que votaron por él y respaldaron sus propuestas”.

Además sostuvo que “muchos de los temas planteados van más allá de esa agenda, pasan a órbitas constitucionales”.

La “Conversación Nacional”

El presidente de la República, Iván Duque, quiso poner a conversar a todos los sectores del país en lo que llamó la “Gran Conversación Nacional”. De hecho este se ha reunido con múltiples sectores de la sociedad como estudiantes, profesores, científicos y gremios tratando de llegar a consensos clave y solucionar problemas.

Sin embargo el Comité de Paro, integrado por los sectores políticos y ciudadanos que hicieron la convocatoria, no se ha vuelto a sentar con el Jefe de Estado.

Incluso la intermediación de Angelino Garzón al parecer no funcionó para apagar el incendio. Las posiciones están encontradas. Mientras los impulsores de la protesta buscan una mesa de negociación, el Gobierno quiere que solo sea exploratoria.

Además el Presidente ha dicho en varios lugares que los sectores promotores del paro no pueden chantajear al gobierno poniendo exigencias, y que el diálogo nacional será en el que se logren decisiones concertadas sobre el futuro del país.

El Presidente ha realizado junto con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, múltiples reuniones con estudiantes, gremios, profesores y empresarios, y este 21 de enero se pondrá a prueba qué tanto ha funcionado el también llamado “Gran Diálogo Nacional” para conjurar las protestas.

El apoyo político

A final del año pasado el apoyo político del Gobierno estaba débil, los partidos Liberal y Cambio Radical lograron hacer un contrapeso fuerte en el Congreso en la discusión de leyes importantes como la ley de financiamiento. Sin embargo, el momento político ha cambiado. 

Primero hay sobre la mesa una posible alianza con Cambio Racial que podría ingresar a la coalición gubernamental, esto le daría un respiro al Ejecutivo y un impulso a sus iniciativas. Aunque aún no se ha hecho oficial la alianza, este punto ha sido el centro de las discusiones políticas de inicio de año. 

Además, este año comenzó con la recomposición de las fuerzas políticas en los cargos regionales, es decir en asambleas, concejos, gobernaciones y alcaldías, lo que puede cambiar el mapa de respaldos y rechazos del estado central en las regiones. Todo esto sin contar que con la entrada de nuevos alcaldes a las administraciones municipales habrá maneras distintas de asumir la protesta social. 

Un ejemplo de este último punto son las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien anunció la implementación de un nuevo protocolo para el uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

El ejemplo de López puede ser seguido por otros alcaldes del país que no solo ven con buenos ojos los reclamos populares sino que durante la campaña apoyaron las manifestaciones.