Los patrones para dirimir la tensión ética de su obligada relación. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

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Las decisiones de los jueces repercuten de manera mediata o inmediata en el todo social, amén que la certeza de impartir justicia transmite a la ciudadanía la idea de que esa labor se efectúa dentro de los contornos de la juridicidad, privilegiando el orden normativo y fortaleciendo el Estado democrático. Incluso, si se quisiera ver en el espejo del tiempo y del espacio cómo era o es una determinada sociedad, además de las publicaciones de prensa, nada sería más fiel trasunto, que mirar las consideraciones vertidas en una sentencia. Ahí aparecerá, con seguridad, el reflejo y la conciencia de todo un pueblo que habla a través de la boca del Magistrado.

La influencia constante a que se ven sometidos los jueces en su tarea de administrar justicia por parte de los medios informativos no es un hecho novedoso. Son frecuentes las condenas anticipadas, el escrutinio periodístico a los testigos y las partes de forma concomitante a la actuación judicial. Estas acciones, suelen presentarse a manera de telenovelas de alto rating, o de espectáculos que sirven para mantener entretenidos a oyentes, televidentes o lectores de la prensa.

En 2003, Eduardo Bertoni, en su discurso sobre la libertad de expresión para la OEA, señaló que prensa y sistema judicial se necesitan mutuamente y que la libertad de prensa debe ser garantizada por los jueces en cada caso concreto en el que se plantea su violación. Afirmó que la credibilidad del aparato de justicia depende en gran medida de la prensa, quienes al informar sus decisiones y, cuando corresponde, hacerlas respetables, conducen al cumplimiento de ellas por parte de la población.

No obstante, la independencia, autonomía y sometimiento a la ley de todas las jurisdicciones opera como uno de los fundamentos de la estructura del poder en una democracia, pues las más de las veces son tópicos que tocan a todo el conglomerado, tornándose la actividad judicial en el centro del debate político y del interés periodístico.

En ese sentido, la libertad de prensa, como cualquier garantía reconocida tiene sus límites; es que, tratándose de aquella, no es la información la que debe menospreciar el honor, la fama y el buen nombre. Su responsabilidad se potencia al infinito, cuando la información se produce y conoce en tiempo real, gracias a la proliferación de nuevos códigos comunicativos.

Niveles de tensión

Dentro de este contexto, la relación de la prensa y el sistema judicial se manifiesta con permanentes niveles de tensión que no contribuyen ni al afincamiento del ejercicio de la libertad de prensa ni al fortalecimiento del aparato de justicia. Ambos son necesarios para la consolidación de la democracia y, por ello, los conflictos que surgen de su interacción impactan notablemente la institucionalidad de los países; por consiguiente, se reclama de sus actuaciones imparcialidad, objetividad e independencia, lo mismo que profesionalismo y apego a los dictados de la ética y el derecho, respetando lo factual del juicio y el juez, la parte, el togado y los testigos.

La imprecisión de la información judicial es una queja recurrente de los jueces y magistrados. Quien transmite información inexacta, sin verificación, o desprovista de una adecuada fuente, desorienta. Con esto no se pretende obligar al corresponsal a que revele el origen de sus averiguaciones, ya que implicaría limitar su acceso a la noticia, silenciando en muchos casos, a quienes conocen los hechos. Lo que ocurre es que la Rama Judicial es uno de los poderes legítimamente constituidos y los medios de comunicación incardinan al más organizado de los controles a los que se enfrenta la actividad del Estado en sus órdenes; es decir como poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

El protagonismo adquirido por el poder judicial en la arena política desde el siglo pasado viene en ascenso, debido a que los individuos encontraron un gran aliado en los jueces, quienes cuentan con la confianza de la sociedad civil, entre otras, porque la Constitución y en general el ordenamiento jurídico, no pueden defenderse por sí mismos y necesitan de aquellos para que el sistema normativo se salvaguarde. 

Tales razones, no excluyen la misión noticiosa, mucho menos pretende denigrarse el acceso de la prensa a los juicios y a las decisiones judiciales; mas no pueden exaltarse juicios paralelos que producen con exagerada frecuencia condenas anticipadas de los medios. De otro lado y con igual rasero, respecto del sistema judicial se reclama prontitud en la resolución de las controversias y coherencia argumentativa en su comunicación.

Propuesta

A modo de síntesis, en esa necesaria sana interacción entre los agentes de prensa y la judicatura, proponemos lo que sigue para superar cualquier asomo de tensión:

(i) Los primeros deben recordar su condición natural, la que precisamente justificó su creación: intermediarios para tender puentes entre la sociedad -que confía en la interpretación de la realidad y la calidad moral de los periodistas- al traducir técnicamente la información en historias.

(ii) Resulta, si no necesaria, al menos sí deseable la existencia de una oficina de información judicial provista de infraestructura y conocimiento con sede en los mismos tribunales, dando las declaraciones y explicaciones que se pidan. En un mundo como el de hoy, el juez ya no sólo habla a través de sus providencias.

(iii) Se erige en un imperativo, propiciar encuentros amistosos entre el poder judicial y la prensa, no para que el primero se exprese a través de ellos: su canal natural son los autos y las sentencias, pero sí para que se implementen protocolos de buenas prácticas.

(iv) Una sana manera de morigerar la inexactitud de la información judicial depende de los mismos jueces, debiendo evitarse el lenguaje cargado consignado en las resoluciones jurisdiccionales, que redunda en confusión y desconcierto para los destinatarios y, en general, para los profanos del universo normativo.

(v) Por alguna extraña razón, la labor periodística es particularmente implacable con la divulgación de los fallos judiciales y en general con el trillado tema de la congestión, que objetivamente existe. Mas, se olvida, que los factores de litigiosidad habidos culminan en el poder judicial, pero se originaron en la administración o en el órgano legislativo, confundiéndose la causa, con el efecto. Y,

(vi) La regulación normativa vinculada con la responsabilidad de los medios de comunicación no puede realizarse en abstracto, pues las reglas de subsunción son insuficientes para enmarcar una conducta dentro del concepto tradicional de responsabilidad aquiliana, de esta forma, deben considerarse los valores y principios en pugna, adoptando un mecanismo que permita adecuar dentro de este marco las conductas abusivas.

* Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales