La captura de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, es un hito importante de la Política de Seguridad del gobierno Duque, tras más de cinco años de la operación “Agamenón”, uno de los esfuerzos operativos y de inteligencia más importantes de los últimos tiempos.

“A pesar de las limitaciones que ha presentado la estrategia de descabezamiento de organizaciones criminales -que busca golpear los principales liderazgos de organizaciones- es importante reconocer dos aspectos diferenciales de Agamenón I y II”, dice la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Primero, la captura del líder del Clan del Golfo no es un punto de partida sino uno intermedio de la ofensiva del Estado. “En los últimos años se ha logrado afectar al Clan del Golfo -autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)- en distintos niveles, incluido el lavado de activos y la muerte de varios de los eventuales sucesores de mando como ‘Gavilán’ (2017), el ‘Indio’ (2018) y ‘Marihuano’ (2021), que fueron debilitando la capacidad de mando y control dentro del grupo”.

Segundo, puesto en contexto, este descabezamiento sí puede representar un cambio sustancial en la guerra contra las AGC: se acaba la generación de las tres guerras (EPL, AUC, AGC), un símbolo importante en el formato de ejército que pretendía consolidar ‘Otoniel’. “Con su captura se avanza en la domesticación de esta organización criminal”, mencionó la FIP.

“Lo que ha mostrado la estrategia de golpear a los máximos líderes de las estructuras armadas, es que el impacto sobre ellas es diferenciado según las características de cada organización. Las AGC son un conjunto de estructuras que funcionan de manera diferente a lo que eran las antiguas Farc, pues dan mayor autonomía a sus diferentes mandos y funcionan en red. Eso hace que los relevos en la cadena de mando se pueden dar de manera más rápida. Sin embargo, esto puede cambiar si se presentan discrepancias entre aquellos comandantes que pretendan tomar el control de la organización”, señaló la FIP.

Contexto de la Operación Osiris

Explica que la captura de ‘Otoniel’ se da en un momento en que el Gobierno se propuso fortalecer la Operación Agamenón, que venía en un proceso de decaimiento. La misma enfrentó entre 2019 y 2020 cuatro obstáculos: la filtración de información por parte de miembros de la Fuerza Pública, la constante rotación de los altos mandos que la lideraban, la disminución del pie de fuerza y la falta de recursos.

Agrega que, dentro de las AGC comenzaron a ser evidentes los problemas por cuenta de la sucesión de los altos mandos que fueron dados de baja. “Esto ocurrió a raíz de la falta de perfiles apropiados y diferencias entre algunos miembros de la cúpula. Un ejemplo es que, tras la muerte de ‘Marihuano’, la Policía confirmó que los jefes rivales de este cabecilla en las AGC entregaron información a las autoridades para que pudiera ser ubicado”.

A eso se suma que cuando ‘Otoniel’ fue capturado se encontraba aislado, concentrado en huir del cerco militar, por lo que es muy probable que la toma de decisiones importantes en la organización ya estuviese en manos de otros mandos altos o medios de las AGC.

El estado actual

Explicó la FIP que las AGC comenzaron un proceso de expansión y fortalecimiento producto de la desmovilización de las Farc con el que llegaron al norte del Chocó, al norte de Antioquia y a algunas zonas del sur de Córdoba. Sin embargo, este proceso se desaceleró con el lanzamiento de la segunda fase de la Operación Agamenón, en 2017, que arrojó importantes resultados operacionales en casi todos los niveles organizacionales del Clan del Golfo.

“Aun así, ni las acciones de la Fuerza Pública, ni las disputas que el grupo actualmente sostiene, han significado una pérdida significativa de su capacidad de producir afectaciones humanitarias ni de extender su influencia territorial”, dijo.

Indicó la FIP que “no han perdido ninguna de las disputas en las que se involucraron, porque su proceso de fortalecimiento ha sido eficiente en mantener la capacidad militar y los activos territoriales. Así, por ejemplo, se impusieron a Los Caparros en el Bajo Cauca; repelieron al Eln en el norte del Chocó y actualmente le disputan el centro-sur de este departamento; resisten la arremetida del Frente 18 de las extintas Farc en Ituango; consolidaron su control en gran parte de Córdoba, y se mantienen en el sur de Bolívar a pesar de la fragilidad de sus acuerdos con el Eln y la rápida expansión de una disidencia de las Farc”.

“Emprendieron procesos de expansión que resultaron en el control de dos zonas, aunque su desenlace aún es incierto: en Norte de Santander aparentemente absorbieron a Los Rastrojos, y en Nariño consolidaron una estructura llamada ‘Cordillera Sur’, que se enfrentó a la Columna Franco Benavides de las disidencias de las Farc. Algunas autoridades afirman que este grupo fue cedido a la Segunda Marquetalia por un pago”, sostiene.

Añadió que “mantienen sus capacidades para funcionar de forma diferenciada, tanto en lo militar como en la manera de cooptar expresiones delincuenciales y urbanas en algunas zonas del país, como el suroeste antioqueño”.

“Que las AGC conserven estas capacidades demuestra que pueden sobrevivir a procesos de fragmentación interna, como el surgimiento de Los Caparros, estructura armada del Bajo Cauca que se separó de las AGC en el 2017. Esta fragmentación ocurrió tanto por la neutralización de mandos altos y medios, como por la pretensión de ‘Otoniel’ de tener acercamientos con el Gobierno de cara a un eventual sometimiento a la justicia”, explicó la FIP.

Tras la captura de ‘Otoniel’

Manifiesta que afirmar que la captura de ‘Otoniel’ constituye el fin de las AGC es apresurado y alejado de la realidad. Sin duda, es un momento definitivo en la trayectoria de este grupo, pero es de esperarse que, incluso, a pesar de eventuales procesos de fragmentación, alguna de las facciones restantes mantenga la marca y los activos de la organización a nivel económico y militar.

“Es importante entender que la economía política del funcionamiento de las AGC va mucho más allá del narcotráfico. Se trata de una organización con un extenso y robusto control territorial en el norte del país que trasciende a las rentas derivadas del tráfico de drogas, aunque hay miembros de la organización dedicados en su totalidad a este negocio y que no se involucran en las disputas armadas”, dice.

Pero además, las AGC tienen un pie de fuerza militar organizado y experimentado capaz de causar gran impacto humanitario, como sucedió recientemente en Chocó, donde desplazaron a más de 4.000 personas. Por un lado, saben combatir a la Fuerza Pública y otros grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc; por otro, han logrado extender sus redes de influencia tercerizando grupos de delincuencia común con los que influyen en las dinámicas de microtráfico.

Las AGC regulan la vida pública y privada de las comunidades que viven en las zonas bajo su control y suplantan a la justicia. Han mostrado que tienen la capacidad de imponer reglas de juego a partir del uso de las armas, estableciendo normas de conducta, castigando a quienes las trasgreden (consumidores de droga, personas involucradas en riñas o acusados de violencia intrafamiliar), dirimiendo conflictos (por dinero o por interés del grupo), influenciando elecciones regionales, controlando actividades económicas, dirigiendo obras comunitarias y ofreciendo servicios de seguridad. En varias regiones se afirma que las agresiones contra líderes sociales son producto del rechazo a la regulación impuesta por las AGC.

“Por eso, los efectos de la captura de ‘Otoniel’ en materia del mercado de drogas -principalmente el narcotráfico- podrían ser leves y limitados: las conexiones e intermediarios de los enclaves de producción y las rutas controladas por los mandos medios de las AGC y los compradores internacionales no sufrirán mayor afectación logística”, indicó la FIP.

Añadió que “sin embargo, las repercusiones en materia de violencia, afectaciones humanitarias -como masacres, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad o violencia sexual- y otras economías ilegales asociadas a ejercicios de control territorial como la extorsión, la minería ilegal, la acumulación de tierras y la captura de recursos públicos, pueden presentar variaciones importantes”.

“Todo esto dependerá, en gran medida, de la transición que se acuerde o no entre ‘Chiquito Malo’, ‘Siopas’ y ‘Gonzalito’. Todos ellos tienen influencia en la zona estratégica de AGC: sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca y Chocó”, aseguró.

Y agregó que “la continuidad de las AGC tras la captura de ‘Otoniel’ está marcada por el proceso de fragmentación y de fenómenos localizados de violencia que hoy caracterizan la evolución de la confrontación armada en el país”.