Un incremento de asesinatos, secuestros, casos de violencia sexual, desapariciones y reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales, hacen parte de la difícil situación que actualmente atraviesa la población de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, de acuerdo con un informe publicado ayer por la organización internacional Human Rights Watch (HWR).

En un extenso texto la ONG señaló que en los últimos cuatro años se han duplicado los asesinatos en la región. “Las actividades de los grupos armados han contribuido a un aumento de las tasas de homicidio en el Catatumbo. Según estadísticas oficiales, la cantidad de homicidios aumentó a más del doble, de 112 en 2015 -el año en que las Farc acordaron el cese al fuego unilateral como parte de las negociaciones de paz- a 231 en 2018”, dice el informe.

Según HRW, esta situación se debe a los vacíos que hay en el territorio tras salida de las Farc, tras su desmovilización, los cuales son ocupados por otros grupos armados ilegales. Además, el organismo indicó que 40.000 personas han sido desplazadas desde 2017 como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre el Eln, el Epl y la fuerza pública.

“Las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018. Si bien los enfrentamientos entre el Eln y el Epl causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019”, indicó.

En el estudio también se señala que los grupos armados también cometen violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual en el Catatumbo. Entre enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia.

Sobre la situación de los venezolanos que salen de su país y cruzan por esa frontera, HWR alerta que muchos de ellos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos, según la ONG, han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.

Reacciones

El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, afirmó que informe deberá ser estudiado para poder tomar los correctivos pertinentes. “Lo que hemos hecho en ese sector es aumentar las tropas, el año pasado en el mes de octubre activamos la fuerza de despliegue que trae un mayor control del territorio”, dijo en entrevista con W Radio.

Asimismo, Martínez reconoció que “esta es un área donde se requiere de mucha atención, fue uno de los departamentos donde se implementaron los cultivos de coca”.

Manifestó además que en esta zona del país “hay presencia de emisarios de los carteles de México. Es importante poder actuar y lo hacemos con todas las agencias de inteligencia”, indicó el oficial.  “Estamos actuando, estamos haciendo algo parecido a lo que hicimos en Tumaco”, agregó. Dijo que la lucha contra las organizaciones al margen de la ley se requiere “no solo la acción militar, se requiere la acción total del Estado, de todas las instituciones. Se requiere un cambio de cultura de las personas, finalmente es un área de frontera”.

El representante a la Cámara por Norte de Santander, Juan Pablo Celis, del Centro Democrático, afirmó en diálogo con EL NUEVO SIGLO que en la región “el Epl, el Eln y las disidencias de Farc están disputándose un territorio que tiene más de 20.000 hectáreas de coca. Todo el problema del Catatumbo radica precisamente en el control que quieren tener los grupos armados ilegales de ese producto ilegal”.

Celis señaló que el Gobierno nacional “ha llegado desde el año pasado y ha puesto en marcha una estrategia para recuperar la institucionalidad en el territorio, pero no se hace de la noche a la mañana. Después de ocho años de haberles dado todas las ventajas y todos los incentivos perversos para que cultiven la mata que mata, pues obviamente el Gobierno tiene que llegar con unas herramientas muy débiles dejadas por el gobierno Santos recuperar la institucionalidad”

Para el parlamentario es clave para enfrentar la situación que se reactive la aspersión aérea de cultivos ilícitos. “Se está trabajando en diferentes aspectos pero sin lugar a dudas es importantísimo poder reactivar la aspersión aérea a esos cultivos ilícitos, es necesario también recuperar la moral de la tropa y esto no solo pasa por unas órdenes militares de alto rango sino también que haya un entorno judicial que les permita a ellos operar”, afirmó.

Hay una zona muy crítica en esa parte que es San Calixto, Acarí y toda esa parte donde los diferentes grupos están apostados. A través del conflicto que se genera por el dominio de la zona. Lamentablemente los que se ven más afectados son los civiles.

Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, afirmó que desde 2017 los problemas de orden público se han recrudecido. “Nosotros hace más o menos un año sacamos un reporte sobre garantías de seguridad veníamos analizando cómo fue la transformación de la violencia y los actores armados en esta región. Particularmente lo que empieza a pasar desde finales de 2017. Este escenario de disputa entre el Eln y el Epl en la región. En marzo de 2018 empieza el escenario de disputa entre estos grupos armados. En ese momento marzo hasta junio se produce un impacto durísimo, registrado por organizaciones de Naciones Unidas, con un pico de desplazamiento. Después de este escenario, hasta finales de 2018 esa disputa tiene un descalamiento porque el Eln logró ganar más espacio frente al Epl”, dijo.

Cuesta indició que la “trasescena de estas dinámicas de violencia y de confrontación entre grupos está asociada a que esta es una de las zonas del país con más cultivos ilícitos. Según el último reporte del Simci si bien los cultivos se estancaron un poco en 2018, Norte de Santander es una de las regiones donde aumentaron los cultivos y aumentó la producción de cocaína. Esas disputas del territorio tienen que ver con disputas para coordinar y adueñarse de los eslabones”.

Rocío Miranda, investigadora de la Universidad Francisco de Paula Santander, manifestó también que desde 2017 se ha visto un recrudecimiento de la violencia. “Desde esa fecha para acá han aumentado los asesinatos de líderes sociales en esta región y el desplazamiento debido a la disputa del territorio entre el Eln, el Epl y disidencias de las Farc. Otro elemento que alteró muchísimo fue el tema de la matanza de los jóvenes en el municipio de El Tarra, el año pasado. Todas esas situaciones han generado que el desplazamiento aumente”, dijo.

Miranda manifestó que esta región se tiene esperanza en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para que mejoren las condiciones de la población. “Cuando uno tiene acercamientos con las organizaciones y los movimientos sociales se evidencia un abandono del estado. La gente tiene esperanza con la implementación del PDET Catatumbo. Al momento no se han visto inversiones aún. La comunidad quiere que ese instrumento valioso se articule con los esquemas de ordenamiento territorial de cada municipio, con los nuevos planes de desarrollo que se van a implementar en los nuevos periodos que empiezan en enero de 2020. Una articulación para ver inversión en el territorio”, puntualizó.