Un presunto detrimento de recursos públicos por $99 millones detectó la Contraloría General de la República (CGR) en el contrato 01 de 2017 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscrito entre el municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social.
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El organismo de control fiscal verificó dos hallazgos, tras una denuncia de la Organización Colombia sin Corrupción: primero, se pagaron más raciones alimentarias de las contratadas y, segundo, se encontraron estudiantes que recibieron el complemento alimentario sin estar aún matriculados o ya figuraban como retirados.
Con base en la denuncia de esta Organización, la CGR puso la lupa en 23 Instituciones Educativas con 56 sedes en Bucaramanga para el suministro diario de 8.128 raciones preparadas en sitio (almuerzo) y 7.565 raciones industrializadas.
En la auditoría se revisaron los pagos parciales mensuales encontrándose que en algunos meses el número de beneficiarios atendidos no coincide con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas por el Municipio de Bucaramanga.
Esto generó unas diferencias de $48’ 541.080 que corresponden a 17.805 raciones industrializadas y 518 raciones preparadas en sitio (almuerzos) sin los soportes legales necesarios.
El segundo hallazgo con presunta incidencia fiscal tiene que ver con la existencia de beneficiarios que recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el sistema de matrículas.
Al cruzar las bases de datos del Sistema de Matrículas con el de Control Diario de Asistencia la Contraloría encontró que en cinco sedes de Instituciones Educativas recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el sistema como estudiantes oficiales. Algunos estudiantes pertenecen a otros departamentos y otros ni siquiera aparecen matriculados.
El organismo verificó que en total 307 estudiantes no registrados en el Sistema Integrado de Matrícula recibieron raciones alimentarias sin estar registrados.
Según la auditoría, esto obedece a inconsistencias en el registro del sistema de matrículas y a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Supervisión y/o Interventoría del contrato.
Por este hecho se comprobó un segundo presunto detrimento patrimonial por $50.579.680.