A nueve meses de terminar su periodo como alcalde de Santa Marta, el Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó la detención domiciliaria a Rafael Martínez.
El mandatario local está en la lupa por su presunta responsabilidad en la contratación irregular de obras de remodelación de la red hospitalaria de la capital del Magdalena.
En su momento, Iván Cancino, el abogado defensor del mandatario local, rechazó la decisión del fin de semana pasado del Juez en la que dictó medida de aseguramiento en contra de Martínez. “La mala noticia es que hoy un Juez, 14 meses después de la petición de la justicia, dice que Rafael Martínez es un peligro para la comunidad; después de haber administrado la ciudad con honestidad, un hombre probo, contratando con transparencia”, señaló el jurista.
Tanto el alcalde Rafael Martínez como los demás implicados están siendo acusados por la Fiscalía de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las obras de los puestos de salud de Taganga, IPC La Candelaria, Mamatoco, La Paz y Bastidas.
Rechazo de oposición
Por su parte, desde algunas bancadas alternativas rechazaron el proceso en contra del mandatario Martínez.
A través de una carta enviada al presidente Iván Duque, al fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carrillo, los congresistas piden garantías para Martínez y para el ex candidato presidencial Carlos Caicedo.
"La situación es realmente preocupante, pues lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez, instrumentalizada por el director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, el señor Vicente Guzmán”, se lee en la misiva.
Así las cosas, la oposición pide al Fiscal "que disponga el cambio de radicación de todas las investigaciones penales que cursan actualmente en contra Carlos Caicedo y de Rafael Martínez".
"Se solicita que todas las diligencias judiciales sean trasladadas a Bogotá y que cualquier acción sea ante un juez de la capital", señalan los congresistas.
Asimismo, al procurador Carrillo piden que acompañe y defienda los derechos de Caicedo y Martínez.
Por último, al presidente Duque solicitan que designe a un alcalde encargado en Santa Marta "en los términos fijados por la Ley 1475 de 2011, sin dilaciones de ningún orden", puntualizan.