EL NUEVO SIGLO: ¿Pidieron medidas cautelares en la demanda por nulidad del Decreto 1167 de 2018, que limita hasta el 12 de octubre próximo las solicitudes de restitución de tierras usurpadas?
JHENIFER MOJICA: Básicamente tenemos la preocupación que el Decreto 1167 de 2018 empiece a tener efectos, porque si surte efectos tiene unas consecuencias contra las víctimas que todavía no hayan podido presentarse ante el Estado a pedir la restitución. Entonces solicitamos al Consejo de Estado que apenas admita la misma se pronuncie suspendiendo el Decreto mientras se falla de fondo. Digamos que no haya unos efectos frente a las víctimas y que si se declara inconstitucional pues no haya tenido ninguna consecuencia negativa contra ninguna víctima.
ENS: ¿Cómo se explica que restando tres años de vigencia de la Ley de Víctimas se fije un límite a solicitudes de restitución?
JM: Discutimos que el Gobierno piense que la restitución ya es un proceso que se ha adelantado a cabalidad en el territorio nacional. Hemos reconocido que hay un gran esfuerzo, que hay muy buenos resultados, que toda la capacidad que se ha tenido de parte del Estado para atender a las víctimas en materia de tierras ha sido muy buena, pero no se puede decir que ya se terminó la tarea. De hecho hay muchos casos pendientes de tramitar, está todo el tema de negaciones a las víctimas en una primera fase.
Hay zonas en donde todavía hoy se están presentando despojos, hay una situación de riesgo y de inseguridad mayor, más que años anteriores, frente a las víctimas que están promoviendo la reclamación de tierras, y por eso queríamos alertar sobre la necesidad, inclusive, de prorrogar la vigencia de la Ley, que está prevista para tener vigencia durante 10 años, iría hasta junio de 2021, pero creemos que ese no es un tiempo suficiente para poder realmente abarcar todos los casos y darle solución a las víctimas.
ENS: ¿Estas personas a las que la Unidad de Restitución de Tierras les negó la demanda por diferentes razones pueden insistir en su solicitud?
JM: Lo que indagamos fue por qué la Unidad de Restitución de Tierras, en un primer estudio que ellos hacen de las solicitudes de las víctimas, estaba negando tantos casos. De 72.900 casos encontramos que 40.200, o sea más del 50% que se encuentran tramitados, son negándole a las víctimas la posibilidad de acceder ante los jueces de restitución de tierras. Nos preguntamos por qué tan alto el número de víctimas a las que se les rechazaba las solicitudes, y finalmente encontramos que hay muchas causas, pero bastante discutibles.
Por ejemplo, una de las causas era porque la víctima había presentado su solicitud y cuando la iban a llamar a pedirle que ampliara la información o que acudiera a alguna cita, no acudía, no asistía o no contesta el teléfono. Y el Estado supuso que era porque la víctima había renunciado o había desistido de ese interés.
Hay otras discusiones sobre la restitución de tierras en zonas de protección ambiental, donde hubo campesinos expulsados de sus tierras cuando se encontraban al interior de parques nacionales naturales o en zonas de reserva forestal. Entonces el Gobierno ha querido entender que si estaban en estas áreas protegidas las víctimas no tienen derecho, y eso es bastante discutible. Son asuntos que tienen que ser resueltos por los jueces.
Por eso estamos haciendo una serie de recomendaciones pidiéndole al Gobierno nacional, a la Unidad de Restitución de Tierras, a las entidades de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, que revisen ese alto porcentaje de solicitudes que han sido negadas y que corrijan las que haya que corregir, y que garanticen a las víctimas que en un primer momento se les rechazó su solicitud los mecanismos de defensa necesarios para que puedan seguir reclamando su tierra.