EL NUEVO estudio de derechos humanos presentado ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo referencia a la alarmante situación de violencia y corrupción en Colombia. Este documento, que abarca el periodo 2023 y que es publicado todos los años, indicó que no ha habido cambios significativos en cuanto derechos humanos en nuestro país, a pesar de las “medidas creíbles” del Gobierno para identificar y castigar a funcionarios y actores armados detrás de estos abusos contra ciudadanos.

A través del reporte, el Departamento Ejecutivo Federal encargado de establecer relaciones internacionales, detalló sobre ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; además de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados al margen de la ley.

Pero también destacó que en Colombia se siguen presentando “arresto o detención arbitrarios; abusos graves en un conflicto; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la aplicación o amenaza de hacer cumplir leyes penales sobre difamación para limitar la expresión”.

Adicionalmente, alertó sobre grave corrupción gubernamental, delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos raciales y étnicos, incluidos los pueblos afrocolombianos e indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como la violencia contra los activistas laborales.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo mención sobre las acciones de grupos considerados como terroristas por el Gobierno norteamericano como las disidencias de las Farc y Eln, al igual que de organizaciones de narcotráfico y pequeñas bandas criminales. Referenció que a estas organizaciones recae la mayor responsabilidad en cuanto a abusos contra la población.

“Estos grupos fueron importantes autores de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos, incluidos homicidios ilegítimos, secuestros, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos. El Gobierno generalmente investigaba y procesaba tales acciones cuando se denunciaban”, enfatizó el informe.

La entidad también hizo una revisión minuciosa de una serie de documentos que pudieron demostrar que el Gobierno o sus agentes fueron responsables de crímenes como asesinatos arbitrarios y legítimos, incluidos asesinatos extrajudiciales, durante el año.

“Según la organización no gubernamental (ONG) Temblores, del 1 de enero al 31 de julio la policía cometió 12 homicidios. En un caso, el 19 de enero, en el municipio de Venadillo, departamento de Tolima, la policía disparó a Ricardo Iván Amaya, quien posteriormente murió bajo custodia policial”, destaca el reporte anual presentado por el Departamento de Estado.

Corrupción en el Gobierno

Si bien la ley colombiana establece sanciones penales para castigar a funcionarios corruptos, y aunque el Gobierno las implementó en algunos casos de manera eficaz, el informe revela que algunas prácticas corruptas quedaron sin castigo.

“Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, destacó el Departamento de Estado.

Sobre este tema, aseguró que la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, respectivamente, por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. “La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas”, indicó.

El informe también detalló otras violaciones a derechos humanos como discriminación a personas con VIH, violación y violencia doméstica, violación infantil, antisemitismo, entre otras.