La difícil situación de orden público que enfrenta el departamento de Nariño llevó a que la Procuraduría llamará la atención del Gobierno por los posibles incumplimientos en acciones que lleven a solucionar las afectaciones causadas a, por lo menos, cuatro mil pobladores

En municipios como Samaniego, Los Andes, La Llanada y Santa Cruz persisten problemas graves de violencia, originados por la guerra entre bandas criminales que han agudizado el conflicto obligando a decenas de habitantes a permanecer confinados y otros tantos a salir de sus terruños.

Ante la situación, desde la Procuraduría Regional de Nariño se advirtió, presunta omisión de funciones de algunas entidades que, pese a los compromisos asumidos en materia de educación, salud y ayudas humanitarias, no han cumplido con ellos. 

El Ministerio Público advierte que tampoco se han trazado planes para garantizar la atención de, por lo menos, 1.500 indígenas del resguardo indígena El Sande, del municipio de Santa Cruz, que permanecen confinados como también otros 600 habitantes de La Llanada, así como la atención de la población desplazada que aún permanece en el municipio de Samaniego.

De igual forma, cuestiona la Procuraduría que en muchas zonas del departamento de Nariño no se han activado, al parecer, protocolos de verificación de cese al fuego, en el marco de las negociaciones, que adelanta el Gobierno con los grupos armados.

Entrega de medicamentos, garantías de educación y programas de desminado son requerimientos urgentes a adoptar.

Ante los hechos, la Procuraduría instó, no solo al Gobierno central, sino también a las autoridades regionales a coordinar las misiones humanitarias que permitan ingresar a los territorios confinados y garantizar el regreso a sus territorios de los desplazados.