El concejal y presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, denunció que a cinco meses (21 de marzo - 2017), del cambio de operador de los refrigerios escolares en Bogotá, aun se presentan irregularidades que cuestionan la calidad de los refrigerios suministrados a más de 690.000 estudiantes bogotanos, con una inversión de $400 mil millones para 16 meses.
El concejal Sanguino prendió las alarmas sobre la grave situación que se viene presentando en la producción, ensamble y entrega de los refrigerios, “ahora se puede ver cómo en cada parte de la cadena de los refrigerios, existen problemas: primero refrigerios adulterados de la empresa Prolac, que llegan a las instalaciones de Multimodal Express, paquete alimentario que son mal empacados y entregados a deshoras, bajo la omisión y falta de vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital, SED”, puntualizó.
Esta nueva denuncia se apoya en soportes fotográficos y videos que se tomaron de la empresa de producción de refrigerios Prolac, situada en Funza Cundinamarca, el día 7 de julio de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., donde se observa cómo son adulterados los empaques de los refrigerios, cambiando la fecha de vencimiento, “la cual es borrada con un Kit de disolvente y copos de algodón, todo ello, para poder hacer entrega de los refrigerios a las horas establecidas en el contrato y en condiciones tolerables de salubridad. Situación que debe estar repercutiendo en la inocuidad de los refrigerios que están recibiendo los niños capitalinos”, advirtió el Concejal.
Sanguino afirmó que la empresa Prolac estaría violando el Código Penal (Artículo 372), “Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico”, el cual determina que: “El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión”.