Una significativa afectación a la vida social y económica se denunció ante la Contraloría General de la República al escuchar el testimonio de las comunidades afectadas en la influencia del Río Cauca por el proyecto Hidroituango.

Durante un recorrido por cuatro departamentos y 15 municipios se recibieron más de 300 denuncias que fueron trasladadas a EPM, las alcaldías, las gobernaciones y otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Según el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90%, de dichas actividades.

Son recurrentes las denuncias incluso sobre daños psicosociales y a la infraestructura de los territorios, ocasionados por la creciente súbita del río Cauca, que se generó el pasado 12 de mayo de 2018.

Se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y solo para el departamento de Antioquia.

Entre las situaciones objeto de denuncias y que causan preocupación están la presunta irregular gestión del manejo del riesgo, las posibles deficiencias que se advierten en el plan de retorno de los afectados y las presuntas falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.

Zonas recorridas

Cumpliendo los compromisos adquiridos por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, en la audiencia preventiva de Hidroituango, realizada en Medellín el 27 de febrero, Pineda y su comitiva escucharon las inquietudes y denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, así como en los siguientes municipios y corregimientos: Sabanalarga, Valdivia, Puerto Valdivia, Cáceres, Guaramo, Caucasia, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Ayapel, San Marcos, San Benito Abad, Jegua, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Magangué, Santa Mónica, Barbosa, Pinillos, Achí, Guacamayo, Tres Cruces y Montecristo.

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, realizó el traslado de más de 300 irregularidades a distintas entidades, con ocasión de las denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, a las siguientes entidades: EPM, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Procuraduría General de la Nación y Unidad Nacional de Protección.

Las situaciones también se pusieron en conocimiento de las alcaldías de Valdivia, Caucasia, Cáceres, Sabanalarga, Ituagüí, San Benito de Abad, Magangué y Achí, así como de las gobernaciones de Antioquía, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Otras entidades notificadas fueron el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Antioquía, y los departamentos para la Prosperidad Social (DPS) y Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard).

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana anunció que realizará especial seguimiento a las denuncias y respuestas de las autoridades competentes, a fin de dar solución a las necesidades ciudadanas.