Para el próximo 3 de noviembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a la exministra de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Karen Abudinen, para que dé su versión sobre el contrato que firmó el Ministerio Público con la Unión Temporal Centros Poblados, con el que se pretendía instalar puntos de conexión de internet para los niños y jóvenes de sectores apartados del país.
Durante la audiencia, la exfuncionaria tendrá la oportunidad de explicar el proceso licitatorio para la adjudicación de este billonario documento, y se espera que declare en contra de cuatro congresistas que estarían involucrados en este escándalo nacional.
Cabe recordar que los dirigentes políticos que fueron denunciados por supuesto tráfico de influencias y toma de decisiones a favor de la unión temporal son Armando Benedetti, Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) y Antonio Luis Zabaraín Guevara (Cambio Radical).
Este último habría solicitado al alto tribunal para que sea escuchado en versión libre; la Corte finalmente aceptó la petición y programó su declaración en la misma fecha que se presentará Abudinen.
El proceso es liderado por el magistrado Misael Rodríguez, quien decidirá si abre o no investigación formal contra los senadores involucrados en este hecho de corrupción, aunque anunció que los trinos emitidos por los cuatro dirigentes serán tenidos en cuenta durante el proceso.
El entramado político
Inicialmente, la representante a la Cámara por Alianza Verde Katherine Miranda reveló en los medios de comunicación que al menos cinco senadores de dos colectividades políticas harían parte de esto, especificando que el único propósito era presionar a Abudinen para evitar la caducidad del contrato. Asimismo, indicó que habrían inferido en la votación de la moción de censura contra la exministra en el Congreso.
“Están hablando del Partido Liberal y Cambio Radical en estos momentos. La función de estos senadores era, primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperara la misma”, expresó.
Días después, la misma Abudinen detalló que el senador Benedetti era uno de los involucrados tras un trino donde este la acusaba de negligente. “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se 'abudinearon' la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, escribió en su momento.
A lo que ella respondió: “Senador: le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, sostuvo.
Sin embargo, el congresista rechazó que tuviera vínculos con Emilio Tapia, uno de los empresarios vinculados en el proceso y que posteriormente fue condenado por la justicia. No se descarta que la Corte Suprema también ordene una cita indagatoria contra el exfuncionario para escuchar su versión.
Audiencias y peticiones
Durante la semana pasada, la Red de Veedurías Ciudadana retiró sus denuncias en contra de los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín, al considerar que no existen pruebas que precisen su responsabilidad en el caso. No obstante, la entidad mencionó que mantiene su investigación contra el congresista Armando Benedetti.
De otro lado, la campaña "Independencia en la Justicia", que agremia a 38 organizaciones de Derechos Humanos, envió un comunicado a la Fiscalía General para que se excluya al abogado Gabriel Jaimes de la investigación, ya que considera que no existen garantías de llevar un proceso imparcial al tratarse de una exfuncionaria del gobierno Duque.
“Aquí lo que hay es un tema político de por medio y por eso desconfiamos plenamente, lo que nos lleva a pedir al fiscal Barbosa que si es un fiscal sensato cambiará la investigación, la radicación del proceso, entregarlo a otro fiscal que tenga menos compromisos con estas instancias políticas”, advirtió Martha Lía Herrera, vocera de Asonal.
Adicionalmente, pidieron a la procuradora Margarita Cabello que actúe de forma diligente y eficiente, sin importar la relación personal que mantiene con la exministra.