“La Corte Suprema de Justicia no puede librar órdenes de captura por presión del Gobierno o de partidos políticos, sino conforme al procedimiento penal, garantizando el derecho de defensa”, manifestó Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

El jurista se refirió a la declaratoria de guerra de ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’, entre otros cabecillas de las Farc, y las polémicas reacciones a partir de este hecho.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué implica esta decisión de los líderes de las Farc?

KENNETH BURBANO: Es una decisión equivocada y lamentable para la búsqueda de la reconciliación.

Se traicionó el acuerdo de paz y la confianza de miles de personas que creyeron en que las partes honrarían lo pactado, pero con todo sale fortalecida la institucionalidad.

ENS: Si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia pudieron evitar lo que pasó y no lo hicieron, ¿dónde está la fortaleza institucional?

KB: La JEP y la Corte Suprema de Justicia han actuado con apego a la Constitución y no es su responsabilidad que personas procesadas huyan o decidan estar al margen de la ley. En materia de extradición la JEP requiere pruebas y no la obstaculización de la Fiscalía.

Por otro lado, quienes son comparecientes a la JEP e incumplen el régimen de condicionalidad se exponen a la pérdida de los beneficios. Se debe revisar en cada caso y bajo un estándar de gradualidad. Hay que dar trámite a los incidentes de incumplimiento, pero es claro que el rearme los excluirá de la JEP y serán juzgados por la justicia ordinaria.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia no puede librar órdenes de captura por presión del Gobierno o de partidos políticos, sino conforme al procedimiento penal, garantizando el derecho de defensa.

ENS: El Observatorio que usted dirige cuestionó que el Presidente de la República y el Fiscal llamaran a los jefes guerrilleros, como ‘Santrich’, delincuentes y narcotraficantes. El tiempo les dio la razón. ¿Cuál es su opinión ahora?

KB: Nosotros no somos defensores de ‘Santrich’ ni de los líderes de las Farc. Ellos tienen sus abogados. Nuestra posición ha sido la defensa del Estado de derecho caracterizado por la división de poderes. Ni el Presidente ni el Fiscal pueden desconocer la presunción de inocencia, tampoco usurpar las funciones de los jueces. De esa manera solamente se crea zozobra y temor para quienes acuden ante las autoridades.

ENS: ¿Dadas las circunstancias, considera usted que el acuerdo final de paz y la JEP deben ser reformados?

KB: No, el acuerdo final debe ser cumplido en su integridad y la JEP respaldada para que desempeñe sus funciones.

Este acuerdo es política de Estado y no de un Gobierno. Los señores ‘Márquez’ y compañía son desertores. La JEP durante 19 meses ha demostrado un trabajo eficiente, con independencia. Ahí están los macrocasos, y los centenares de guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, también terceros, que han acudido a la justicia transicional. Lo que si se advierte en algunos críticos de la JEP es el temor a la vedad.

ENS: ¿Qué opina sobre la propuesta de que el acuerdo final de paz deje de estar en la Constitución?

KB: Es una forma de debilitarlo o destruirlo. Las bases y el fundamento del acuerdo son la voluntad de las partes. Y el cimiento constitucional le da firmeza y evita la inseguridad causada por los ajetreos políticos.

ELN: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la declaratoria de guerra de estos detractores del acuerdo de paz?

KB: En la búsqueda de una paz estable y duradera hay que perseverar. Este camino no es fácil y posiblemente tendrá más obstáculos.

Las fórmulas guerreristas, sin importar de dónde provengan, siempre conducirán a la muerte y a la destrucción. Es necesario escuchar al otro, es innegable que el proceso de implementación marcha lentamente, es grave el asesinato y la estigmatización de exmiembros de las Farc. Con la decisión y la acción del Estado hay que evitar que quienes se acogieron al proceso de paz y están en la civilidad vuelvan a tomar las armas.