Tras un trabajo de dos meses, durante los que se depuraron 8 millones de registros de contratos, para analizar casi la mitad (4,5 millones) por valor de $441,9 billones, otorgados por la administración pública en las vigencias 2016, 2017 y 2018, en todos sus niveles, la Contraloría General descubrió una malla de contratistas que concentra una importante porción de estos, por valor global de $60 billones.

Esos empresarios, plenamente identificados, se repiten y actúan camuflados detrás de Consorcios, Uniones Temporales o a veces como personas naturales.

Esa red de contratistas, que se hace a esa importante porción de los negocios públicos en el país, apenas supera los 13.000 integrantes, “un número que habla de una dramática falta de transparencia y de la ausencia del principio de la libre concurrencia de proponentes”, según el jefe del ente de control, Carlos Felipe Córdoba.

De hecho, el 40,5% de los contratos revisados fueron adjudicados directamente y apenas en un 26,4% de los casos se utilizó en mecanismo de la licitación pública.

“La Contraloría comprobó que la administración no conoce o ignora el perfil básico de sus contratistas y no siempre tiene en cuenta sus antecedentes”, indica el informe realizado por la Central de Información Contractual, llamada Océano.

“Pero más grave aún: descubrió que entre personas que obtuvieron jugosos contratos pese a estar inhabilitados disciplinaría y fiscalmente, sobre todo a nivel territorial”, explica.

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Hacen de todo

Para la Contraloría, uno de los casos más llamativos y frecuentes es el de contratistas que hacen presencia en distintas regiones del país o donde tienen su centro de operación, realizando actividades absolutamente disímiles.

“Causa así desconcierto encontrar que una misma persona se encarga en una entidad territorial de la adquisición de maquinaria, dotación de calzado, de la provisión de los refrigerios estudiantiles y hasta de la celebración de reinados”, indica el estudio.

Agrega que “y hay otro contratista que suministra cajas fúnebres e insumos agrícolas y, al tiempo, aparece en otro contrato adecuando estaciones de Policía”.

La zona más afectada es la Región Caribe, con 41.029 registros o contratos por $20,4 billones. Le sigue el Eje Cafetero con contratos por $16,4 billones.

Córdoba habló en el marco del lanzamiento del libro Grandes Hallazgos, que recoge las historias de los casos de corrupción que destapó la administración de su antecesor, el excontralor Edgardo Maya Villazón (Reficar, PAE, Cartel de la Hemofilia y Elefantes Blancos, entre otros).

“Los $84.000 millones, reflejados en los hallazgos fiscales identificados por los auditores que revisaron los manejos del PAE, equivalen a los giros que durante el último año hizo el Gobierno nacional a 56 instituciones de educación superior para garantizar su funcionamiento”, destacó el Contralor al referirse a este caso en particular.

El informe de mallas empresariales se hizo desagregando las uniones temporales y consorcios y verificando quiénes directamente se están quedando con la contratación.

Para este efecto, se analizaron casi 8 millones de registros de contratos, esa cifra se depuró y quedó en 4.504.980, por una cuantía de $449,9 billones.

Lo que hizo el equipo del Contralor General fue unir todos los sistemas de información de la contratación estatal y depurar esos registros de contratos, eliminado aquellos con información repetida, con Números de Identificación Tributaria mal incluidos o valores que no corresponden, por mencionar algunas situaciones.

Como resultado de analizar esos más de 4 millones de contratos, por $449 billones, se determinó que la malla empresarial más grande maneja más de $60 billones en contratos, donde todos los contratistas se conectan.

Esta malla la conforman 13.203 personas y 14.305 consorcios y uniones temporales. La concentración es del 40,8%.

Casos emblemáticos

El primer informe trae varios casos considerados emblemáticos, donde aparecen contratistas que ejecutan toda clase de servicios, a través de distintas empresas y también algunos que contratan pese a estar sancionados o inhabilitados.

Por mencionar un ejemplo, hay una persona a la que le aparecen contratos por mercados, compra de gallinas, mantenimiento de instrumentos de cuerda, instalación de parques y alimentación escolar. Un caso donde solo cabe preguntarse: ¿es posible que pueda hacer todo eso al tiempo?

También está el caso de un contratista que tiene dentro de sus servicios el de suministro de materiales de ferretería, pero también el de gallinas ponedoras.

Y hay uno con un valor total de contratación de $66 mil millones, que tiene entre sus objetos contractuales la adquisición de maquinaria, dotación de calzado, refrigerios estudiantiles y un reinado.

Esto es una muestra de la concentración de la contratación, donde se pierde la especificidad del contratista.