El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó sobre los altos riesgos de corrupción que sigue presentando la contratación efectuada con recursos de regalías.
Durante la audiencia de Rendición de Resultados sobre la Vigilancia Fiscal a los recursos de regalías, el jefe del organismo de control dijo que persiste la contratación directa o con un solo proponente.
“Nuestros Sistemas de Monitoreo revelan que de $33,9 billones, del total de recursos contratados al 15 de junio de 2019, unos $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el SGR se ha hecho de manera directa”, dijo.
Los sectores de educación (con el 21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), son los de mayor contratación directa en el país.
En un reciente informe al Congreso de la República sobre los riesgos y hechos del ciclo de regalías en 2019 y las perspectivas para 2020, la Contraloría aseguró que este tipo de contratación va asociada a situaciones como falta de planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.
Además, destaca que “persisten otros riesgos asociados a la eficiencia, efectividad y equidad en la inversión de los recursos del SGR. Por ejemplo, a 31 de diciembre de 2019 se registraban 321 proyectos por $1,24 billones que fueron aprobados y se encontraban en riesgo de liberación de recursos “porque no cumplían con la acreditación de los requisitos o porque no contaban con un acto de apertura del proceso de selección”, señaló Córdoba.
La Contraloría encontró también que Nariño tenía 13 proyectos por valor de $93.438 millones sin el lleno de requisitos. Le siguen Bogotá con 1 proyecto por $79.978 millones; Meta 10 proyectos por $70.946; Córdoba 11 proyectos por $59.971; y Cesar con 12 proyectos por $41.033 millones (6,40%).
En estos cuatro departamentos y Bogotá se concentró el 53,9% de los proyectos con mayor riesgo de liberación de recursos.