El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer el informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energético registrados por la entidad durante el 2023 en el territorio nacional.

“En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social registró el año anterior un aumento del 46 por ciento de eventos, cuando se presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89”, dio a conocer el Defensor del Pueblo de los colombianos. 

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Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33%), conflictos ambientales (32%), regulación, formalización y control de actividades mineras (11%), presencia e inversión estatal (8%), múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8%), respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7%), otros (1%).

Estudio de casos en distintas zonas del país

Se resalta la existencia de conflictos ambientales por explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas, lo que ha impactado la vida y los derechos de campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio.

En el caso específico del Departamento del Chocó, los conflictos se gestaron en torno a la explotación aurífera y de cobre. Se evidenciaron inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.

En La Guajira, el documento centra su análisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares.

“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, llamó Carlos Camargo Assis.

Si bien se reconoce que el sector minero-energético constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, cuyos recursos contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de personas, también es necesario destacar que, debido a las condiciones estructurales de pobreza y débil presencia institucional, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos sociales por la reiterada demanda de inversión social para las comunidades y de garantías laborales para los trabajadores.

“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”, indicó el Defensor del Pueblo.

Mediación de la Defensoría

El informe resalta la gestión defensorial entre enero del 2022 y febrero del 2024, periodo en el que los funcionarios de la Defensoría participaron en 80 espacios de diálogo social, contribuyendo como mediadores o acompañantes de las partes en conflicto.

Los espacios de diálogo se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y en el Distrito Capital, en los que lograron el consenso, la concertación y la construcciónu de acuerdos entre las partes, lo cual permitió establecer compromisos por las entidades y empresas del sector a efecto de buscar salidas a las protestas y movilizaciones sociales.

El informe 'Conflictividad Social en el Sector Minero Energético en Colombia' formula recomendaciones a las instituciones públicas nacionales y regionales, organismos de control, academia, centros de investigación, comunidades y organizaciones sociales, cuyo fin es prevenir el escalamiento de la conflictividad social y consolidar la política pública para una transición energética con justicia social y ambiental.

"Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitaré a la Procuraduría General a apoyar y acompañar esta tarea", puntualizó Camargo Assis.