La nulidad de la sentencia por la cual un juez de Montería adjudicaba 862 hectáreas de tierras a la familia Cabrales Lacharme, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
El alto Tribunal colgó ayer en su sitio web la sentencia proferida el viernes en Sala de Casación Civil, en la que exhortó a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Tierras a “que ejerzan una participación activa dentro del asunto censurado, de acuerdo a sus facultades y deberes, efectuando un seguimiento riguroso del caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales que gobiernan el asunto auscultado, conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva de este fallo”.
Según el expediente, el 1 de septiembre de 2009 un juez ordenó la prescripción a favor de la familia Cabrales de 13 predios en las veredas Alto Viento y El Ratón, del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, Córdoba. En total, suman 862 hectáreas, que luego conformaron la hacienda Alto Viento y El Ratón.
En apariencia, quienes reclamaron esos predios como suyos acreditaron ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Montería que los explotaban desde hacía varios años y los habían adquirido de manera legal a un grupo de campesinos, quienes luego de la venta abandonaron la región.
Basado en esas pruebas, el juez determinó que todo estaba en regla y formalizó por vía judicial la propiedad de esas tierras a favor de Manuel Prisciliano Cabrales y sus tres hijos, María Patricia, Cristóbal José y Daniel Alberto, exsenador y actual embajador de Colombia en República Dominicana.
Sin embargo, la acción fue impugnada por Dejusticia al considerar que los predios prescritos a favor de los Cabrales podrían tener un origen baldío, es decir, que eran de propiedad de la Nación. Por tanto, un juez no podía ordenar su titulación, mucho menos a personas que no eran sujetos de reforma agraria, es decir, a quienes no eran campesinos pobres; y peor aún, teniendo unas débiles pruebas de pertenencia.
Un estudio elaborado por el Grupo de Investigación de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, estableció que, por la vía de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, se concedió la propiedad de por lo menos 370.000 hectáreas de bienes presuntamente baldíos, entre 1991 y 2015, en 29 de los 32 departamentos.
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El portal Verdad Abierta y Dejusticia revisó durante cuatro meses 105 casos, entre ellos el de los Cabrales, con el fin de determinar si detrás de los fallos se habría incurrido en presuntas irregularidades que no solo beneficiaron a la familia del diplomático, sino a empresarios, terratenientes y paramilitares.