A penas privativas de la libertad de siete y nueves años de prisión por irregularidades en obras de remodelación del edificio donde se ubicaría la alcaldía de Barranquilla, fueron condenados los exalcaldes de esa ciudad, Bernardo Hoyos y Guillermo Hoeinisberg.

De esta forma la justicia concluyó un caso de corrupción que tardó más de 11 años y que fue fallado este domingo por el Juzgado 3 Penal del Circuito de Bucaramanga.

La decisión ordena que el exsacerdote y exalcalde Bernardo Hoyos pague una pena privativa de la libertad de siete años, y su sucesor Guillermo Enrique Hoenisgberg Bornacelly nueve años.

Ambos fueron hallados responsables de irregularidades en la contratación y pagos irregulares para las obras de remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la alcaldía de Barranquilla.

El fallo también condena a Alcibiades de Asís Bustillo Cervantes, interventor contractual; y Fernando Jorge Thorne Brown, arquitecto contratista a quien se le adjudicó la obra, y absolvió al entonces secretario de Hacienda, Oswaldo Ernesto Saavedra Ballesteros.

El juez de la causa encontró a Hoyos, Bustillo y Thorne culpables de los delitos de peculado por apropiación, por lo que fueron condenados a 7 años de prisión; mientras que Hoenisgberg deberá cumplir una pena de 9 años por el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo.

Adicionalmente, todos los sentenciados deben una multa individual de $10 millones y multa solidaria de $3.471 millones.

“El contrato para la remodelación y adecuación de un edificio para el despacho de la Alcaldía Distrital, que inicialmente se pactó en poco más de $1.490 millones en menos de seis meses tuvo una adición de $1.495 millones. Cuatro años después se pagaron cerca de $3.500 millones en supuestas obras adicionales, relacionados con el mismo objeto contractual”, dice la sentencia.

Según la Fiscalía, demostró sobrecostos. Por ejemplo, se adelantó el 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante a final de la obra, pero a los tres meses de suscrito el convenio, y sin iniciar las obras, ya se había pagado el 94% del valor total. También evidenció excesos como el cobro de $15 millones para aseo o instalación de campamentos de la obra.

“En 1998 Bernardo Hoyos Montoya, nuevamente alcalde de la ciudad, hizo un arreglo directo con el contratista Fernando Thorne y le autorizó un giro de más de $3.400 millones, por supuestos trabajos relacionados con el contrato, sin contar con los soportes contables ni contractuales; y más de $144 millones por sobreprecios”, dijo la Fiscalía.

El juez advierte en su sentencia que “los acusados, en una asociación criminal sin escrúpulos, crearon la figura del contrato accesorio para modificar los pliegos de condiciones y las ofertas, lo que rompió el principio de transparencia que debe existir en la licitación pública”.

Este domingo en sus redes sociales el exacalde Hoyos Montoya informó que su defensa hará uso de los recursos jurídicos a que haya lugar.