Por un lado Fiscalía asegura que entregó información sobre extinción de dominio contra la multinacional, pero Procuraduría asegura que hasta el momento no hay respuesta del tema

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Una “cordial discrepancia”, como dijera alguna vez el excanciller Guillermo Fernández de Soto para referirse a la crisis diplomática con Venezuela, parece ser la que tienen en este momento la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la extinción de dominio a bienes de la multinacional Odebrecht.

Las dos entidades se refirieron ayer, por separado, al estado de los procesos de extinción de dominio de bienes con los cuales se busca que Odebrecht indemnice al Estado colombiano por los daños que le causó por hechos de corrupción relacionados con el pago de coimas a cambio de contratos para la construcción de dos tramos de la Ruta del Sol.

En principio, fue el procurador Fernando Carrillo Flórez quien pidió a la Fiscalía “poner en marcha la acción de extinción de dominio contra Odebrecht”, por los “desmanes” de esa multinacional “que demolió la ética empresarial y comprometió la moralidad pública”.

Según el Ministerio Público, “el actuar de Odebrecht corresponde a una empresa criminal que, como multinacional de corrupción, hizo lo propio en Colombia”.

Sin embargo, la Fiscalía recordó que ambas entidades ya habían acordado desde el año pasado trabajar de forma “mancomunada” para iniciar “acción conjunta de Estado” contra Odebrecht.

En efecto. El 4 de septiembre de 2017 el Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía iniciar las acciones para extinguir el dominio de varios bienes de la polémica empresa brasileña, para lo cual anexó un listado que incluye 15 cuentas bancarias, 29 subcuentas y 15 predios.

Al día siguiente, la Fiscalía respondió con la citación de los voceros de ambas entidades para “llevar a cabo la coordinación que requiere la defensa del interés público”.

Ese encuentro se realizó en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación con los grupos de trabajo de ambas entidades, donde se acordó iniciar una acción conjunta de tipo institucional.

La entonces directora Especializada del Derecho de Extinción y del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Andrea del Pilar Malagón Medina, explicó en la misiva cuáles han sido las acciones del organismo de investigación sobre los bienes de Odebrecht, así:

- “Se decretaron medidas cautelares sobre cinco bienes inmuebles, dos vehículos y 4 millones de acciones de una empresa ubicada en las islas Vírgenes Británicas por valor aproximado de 4 millones de dólares que harían parte de los 67,5 millones de dólares que recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, producto del soborno de la empresa Odebrecht”

- “En febrero de 2017 fueron proferidas medidas cautelares sobre 34 inmuebles, 645 semovientes, cinco bienes muebles, dos sociedades, para un total de 686 bienes por valor de $52.415.422.646 millones aproximadamente. Dichos bienes son de propiedad de Otto Nicolás Bula”.

- La funcionaria de la Fiscalía también explicó que por disposición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “fueron decretadas como medidas cautelares de urgencia…el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol SAS; Constructora Norberto Odebrecht S.A; Odebrecht Latinvest Colombia SAS; Estudios y Proyectos del Sol SAS y CSS Constructores S.A”.

- Igualmente, como parte de la acción popular promovida por la Procuraduría contra Odebrecht, “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares contra seis bienes inmuebles de propiedad de Estudios y Proyectos del Sol SAS y uno de Concesionario Ruta del Sol SAS”.

En la misma respuesta, Malagón Medina le dice a la Procuraduría que sobre ocho bienes inmuebles incluidos en el listado de la Procuraduría como susceptibles de extinción de dominio “no procede” esa acción “puesto que el titular de los mismos es la Agencia Nacional de Infraestructura”, una entidad del Estado.

Ocho líneas de investigación

Desde que se inició el escándalo de corrupción de la firma Odebrecht, la Procuraduría General informó que ha abierto ocho líneas de investigación que vinculan a funcionarios y ex funcionarios del Banco Agrario por presuntas irregularidades en un préstamo a la firma Navelena, socia de Odebrecht en el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

También han sido vinculados funcionarios y ex funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otros altos ex funcionarios del alto Gobierno.

Trabajo conjunto

La petición de la Procuraduría a la Fiscalía de iniciar acciones de extinción de dominio contra bienes de la multinacional Odebrecht fue ampliada por el Ministerio Público el 25 de octubre del año pasado, casi dos meses después de la primera solicitud.

Y el 19 de abril de 2017, el jefe del Grupo Élite Anticorrupción de la Fiscalía, Procurador 21 Judicial II Penal, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, le pidió a la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía que informara sobre “el curso” de las peticiones anteriores “con la finalidad de analizar la viabilidad de poner en su conocimiento otros bienes que son pasibles de la acción de extinción de dominio”.

Sin embargo, el procurador Carrillo Flórez recordó este fin de semana que desde entonces se espera una respuesta de la Fiscalía sobre las acciones del ente de investigación sobre los procesos de extinción de dominio de bienes de Odebrecht y algunos particulares vinculados a los distintos procesos en ese escándalo de corrupción.

Carrillo, además, dijo que “Colombia entera espera que Odebrecht le cuente la verdad”, al explicar que un escándalo de corrupción en el que en principio se habló de coimas por 11 millones de dólares, “ya va en más de 50 millones de dólares”.

Así las cosas, se espera que en los próximos días se conozca por parte de las autoridades judiciales en qué estado se encuentran los diferentes procesos de extinción de dominio de bienes de Odebrecht y de algunos particulares vinculados a este escándalo de corrupción.

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Este es el comunicado del organismo de control de abril de este año: