Las autoridades han explicado que los más de 900.000 ciudadanos incluidos en la lista de sospechosos pueden demostrar que se justifica su intención de cambiar de lugar de votación
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Luego que a cerca de 900.000 cédulas no les fuera aceptado el cambio de lugar de votación por considerarlas en riesgo de trashumancia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que puede ser presentado un recurso para reversar la decisión.
En la página web del CNE hay un aviso con el título “Recursos de trashumancia 2019” donde cualquier ciudadano podrá presentar un documento que confirme que vive o trabaja en el lugar en el que inscribió la cédula.
Los documentos aceptados son certificaciones de vecindad expedidas por los alcaldes municipales o su delegado; certificaciones o contratos laborales, actos administrativos de nombramiento o traslados y contratos de prestación de servicios; declaraciones extra-juicio; certificaciones de Sisbén y de Adres; y contratos de arrendamientos.
Así mismo figuran como documentos válidos certificados de pago de impuestos, certificados de tradición de inmuebles, recibos de servicios públicos, escrituras públicas de inmuebles o certificados de existencia y representación; copias de las cédulas de ciudadanía, registros civiles de nacimiento, de matrimonio o partidas de bautismo y/o matrimonio; certificados de estudio; certificaciones bancarias; contratos de compraventa de bienes muebles; certificaciones emitidas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, respecto de la condición de desplazados; y certificaciones expedidas por los representantes de los resguardos indígenas o comunidades afrodescendientes.
Según el CNE, la persona afectada tiene cinco días hábiles desde su notificación para presentar el recurso. La decisión no la inhabilita para votar. Solo anula el cambio de lugar de votación solicitado.
Es un delito
La trashumancia es un delito. El vicefiscal encargado Jaime Camacho explicó que “en el Código Penal esto se llama fraude en la inscripción de cédulas y tiene una sanción que va de entre 48 y 148 meses de prisión, conducta que podría agravarse si hay participación de servidores públicos", es decir hasta 12 años de cárcel.
Sin embargo, el funcionario aclaró que estar reportado en los listados no significa, por ahora, que el ciudadano esté cometiendo un delito, porque es necesario que se hagan las pesquisas correspondientes. La Fiscalía ha dicho que investiga varios municipios en donde existen organizaciones criminales dedicadas a la trashumancia.
El presidente del CNE, Hernán Penagos, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el listado de los ciudadanos a quienes se les anuló su inscripción –que pasan los 970.000 colombianos– tiene la posibilidad de solicitarle a la entidad que se revoque esa decisión si pueden demostrar que se inscribieron en un lugar donde tienen su residencia electoral. Para ello el CNE publicó ese listado en su página y además envió mensajes de texto a los ciudadanos. Igualmente se envían los listados a cada una de las Registradurías de Colombia. Todo esto para que todos los ciudadanos estén enterados de las decisiones que hemos tomado”.
Así mismo, sostuvo que “los ciudadanos pueden acudir no solo a través de la página web. También a su Registraduría local con un papel que demuestre que tienen la residencia electoral donde se inscribieron. Son cuatro los requisitos para demostrar que existe la residencia electoral. El ciudadano debe demostrar que habita en el lugar donde se inscribió o que tiene su profesión u oficio en ese lugar o que tiene un negocio o empleo en ese lugar o que permanece allí de manera permanente. Si cumple alguno de esos requisitos podrá acudir a la Registraduría a demostrar que vive en un municipio, por ejemplo, pero trabaja en otro. Ahí el CNE con mucho gusto procederá a incorporarlo al censo electoral. Aquel que no pueda demostrar esto tendrá que votar en donde votó antes de hacer la inscripción”.
La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, le dijo a este Diario que apoya la decisión del CNE “frente a la trashumancia electoral. Anularon cerca de 900.000 cédulas e hicieron una revisión de trashumancia histórica en los municipios. Hay que destacar que también van a brindar las garantías, fundamentales. Para la MOE, es necesario que quienes por alguna razón les fue anulada la cédula puedan a través de un mail o de la página del CNE dar las pruebas necesarias para que demuestren que la inscripción de la cédula es válida”.
Riesgo electoral
El procurador Fernando Carrillo denunció en agosto que el 24% de los municipios del país está en alto riesgo de trashumancia electoral, de cara a las elecciones.
Carrillo señaló que solo en 15 municipios se encontraron 105.000 cédulas inscritas en lo que correspondería a trasteo de votos, 16.714 de las cuales se encontrarían en Barranquilla; 12.606 en Soledad, Atlántico; 10.912 en Soacha, Cundinamarca; 9.306 en Cúcuta, y 7.519 en Floridablanca, Santander.
Entre los municipios que registran un mayor número de inscripciones atípicas de cédulas, Carrillo identificó a La Salina, Casanare, con un incremento de 325,64%; Urrao, Antioquia, con 122,98%; Palmar de Varela, Atlántico, con 153,62%; Labranzagrande, Boyacá, con 147,11%, y Pacho, Cundinamarca, con 187,89%.
Por departamentos, señaló que los que registran un mayor número de municipios en riesgo son Boyacá, con 56; Cundinamarca, con 40; Antioquia, con 35; Santander, con 21, y Norte de Santander, con 13.
“Si hay alguien que no es solo la víctima, sino que lo convierten en el protagonista de este delito los mercaderes de votos en Colombia, es el ciudadano. Y por eso los invito a acercarse a las procuradurías, la Fiscalía, las personerías y denunciar a esos mercaderes de votos”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
Así mismo, dijo que el trasteo de votos es una de las prácticas más arraigadas en la patología de lo que sucede en las elecciones en Colombia, y “es el plato favorito de las organizaciones criminales dedicadas a la compra y venta de votos".