Más de $10 billones han lavado los comercializadores ilegales de oro según lo descubierto por la Fiscalía en sus operativos contra ese delito.

La cifra la planteó ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez en una carta al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que insiste en su planteamiento, publicado la semana pasada por EL NUEVO SIGLO, de que el monopolio de la comercialización del oro sea reasumido por el Banco de la República.

Textualmente le escribió Martínez a Carrasquilla que “desde el año 2015 la Fiscalía General de la Nación ha judicializado cuatro comercializadoras internacionales de oro y más de 50 proveedores nacionales de oro los cuales habrían efectuado operaciones de lavado de activos por un valor de $10,6 billones”.

Para la Fiscalía es necesario “adoptar decisiones que impidan la profundización de esta industria ilícita, lo que —en nuestro entender—pasa necesariamente por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país”.

Fenómeno desbordado

A comienzo de mes, la Fiscalía advirtió que la minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico, al dar a conocer los resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’, esfuerzo de un equipo de contadores, investigadores y analistas que descubrió un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014.

Eso fue el 4 de abril, cuando Martínez declaró que “es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”.

Según el fiscal Martínez, para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Hoy, señaló, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25.000 dólares; mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42.000 dólares.

Las estructuras económicas ilícitas, como la descubierta en la operación ‘Leyenda del Dorado– Fase I’, exportarían más que el oro producido por el país, a costa de la destrucción del medio ambiente y la afectación al sistema económico colombiano.

Lavado

Hace casi ocho días, se presentaron los resultados de otra operación, ‘Leyenda del Dorado’, que según la Fiscalía sigue poniendo en evidencia las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad.

En la segunda fase de esta ofensiva, peritos contables de la Fiscalía verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los $2,4 billones, que corresponderían a la compra y venta de oro.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, alrededor de CIJ Gutiérrez se habría configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal.

En las indagaciones se constató que, en realidad, eran empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución; sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos.

En las indagaciones los investigadores conocieron en detalle el supuesto origen de los casi $2,4 billones y establecieron los valores obtenidos a través de las distintas maniobras ilícitas, entre las que está la compra directa con personas inexistentes. En consultas hechas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía reafirmó que varias personas que, al parecer, vendieron oro a la comercializadora CIJ Gutiérrez no existen ni los nombres figuran en las bases de datos de identidad de país; aun así, serían proveedores directos con los que supuestamente se cerraron negocios por $1.473.930.989.

Otra maniobra es registrar operaciones ficticias y sin justificación. El material probatorio recaudado hasta el momento indicaría que $965.552.476 fueron justificados con compras de oro hechas entre 2006 a 2016 a proveedores que, supuestamente, serían reconocidos en el sector y también abastecerían a otras comercializadoras. En la verificación se determinó que nunca tuvieron vínculo comercial con CIJ Gutiérrez.

Capturados

Gracias al material probatorio recaudado, la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía en coordinación con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y tropas de la IV división del Ejército se lograron las capturas del representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, y otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores.

Los detenidos son Andrés Vieira, representante legal CIJ Gutiérrez; Juan Roberto Muñoz, revisor fiscal; Guillermo Antonio Rojas, contador; Margarita Rosa Escobar; Elkin de Jesús Pérez; Sebastián Flórez; Adolfo León Olano; Saúl Horacio Rojas; Marisela del Carmen Sanes; Henry Alexander Hernández; y José Guillermo Ortiz.

De manera simultánea a los procedimientos de captura, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio.