Una contrademanda presentó Colombia contra la multinacional Gas Natural por los perjuicios ocasionados con el mal servicio de Electricaribe, anunció ayer Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En rueda de prensa, Gómez explicó que “en la misma contestación de la demanda” el Gobierno nacional “presentó una contrademanda porque consideramos que hay unos perjuicios causados a Colombia en ese caso específico. Los detalles se estarán discutiendo más adelante. En el arbitraje de inversión hay varias etapas para definir los montos, pero es una contrademanda importante. Es la primera vez que Colombia contrademanda en un escenario internacional de este tipo”.

En marzo del año pasado, Gas Natural solicitó un arbitraje ante un organismo de la ONU (The United Nations Commission on International Trade Law, Uncitral) para que “se le devuelva” Electricaribe, su filial intervenida en Colombia, o se le compense con unos 1.000 millones de dólares.

Según Gómez, “Gas Natural demanda a Colombia por la intervención de Electricaribe, porque consideró que la intervención implicó una expropiación por vía indirecta. Y demanda también porque alega que no tuvo el cumplimiento del estándar de seguridad plena y el trato justo y equitativo contenidos en el convenio de inversiones con España”.

Sobre el monto de la demanda, Gómez señaló que “la cuantificación final de los perjuicios se presentará en agosto, que es cuando se da la opción”, mencionando que se trata de los “perjuicios que Colombia sufrió por las deficiencias en la prestación del servicio”, pero al insistirle los periodistas sobre la cuantificación de esos perjuicios, se limitó a expresar que “no es procedente darla a conocer”.

Cuando presentó su demanda, Gas Natural dijo a través de un comunicado que había entregado “la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”.

El objetivo, explicó la empresa, es “que se le devuelva la compañía (Electricaribe) con un marco regulatorio viable”, o en su defecto, “se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares”.

No obstante, la empresa puntualizó que mantenía “su voluntad de continuar dialogando con Colombia para alcanzar un acuerdo que (...) le permita continuar operando Electricaribe”.

A través de su filial (participada en un 85%), la multinacional española tenía más de 2,5 millones de clientes en siete departamentos del norte de Colombia, aquejados de numerosos cortes.

En un primer momento, en noviembre de 2016, el Gobierno intervino la empresa argumentando que su mala situación financiera podía llevar a un cese de pagos y una interrupción del suministro.

El 14 de marzo de 2017 dio otro paso adelante, ordenando la liquidación, ya que Electricaribe no estaba “en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”.

Gas Natural replicó desde el principio que la mala situación de Electricaribe se debe a un “grave problema de fraude e impago”.

Y cargó contra las decisiones del Gobierno colombiano, calificando su iniciativa de “toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización”.

Pero la entonces ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, afirmó que “la intervención no es una nacionalización ni tampoco una expropiación”.

“El Gobierno colombiano está garantizando la prestación de un servicio esencial para los colombianos y como tal está actuando en derecho”, afirmó a periodistas.

Odebrecht

Gómez también indicó que el Gobierno no negociará con Odebrecht. “Por supuesto Colombia no cederá y no habrá conciliación con la multinacional brasileña”, dijo el alto funcionario a propósito de la demanda que anunció la constructora en la que pide una indemnización de $3,6 billones por cuenta de la suspensión del contrato de la Ruta del Sol 2.

“Hay un plazo de seis meses que se vence en enero, febrero para ver si ellos presentan formalmente la demanda. Esta etapa de seis meses busca conciliar y desde luego no habrá conciliación sobre este punto”, explicó Gómez.

En octubre, el procurador Fernando Carrillo, tras unas declaraciones de la jefa de Cumplimiento Global de Odebrecht, Margarida de la Riva Smith, sobre negociar una indemnización, sostuvo que la multinacional debería primero arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país.

“Todos los funcionarios del Estado y los organismos de control estamos sorprendidos con las declaraciones de ejecutiva de Odebrecht”, dijo entonces Carrillo. “Que no vengan a engatusarnos con supuestos acuerdos. Aquí las negociaciones se hacen es de cara a la ciudadanía”, agregó.

Carrillo le exigió a la multinacional Odebrecht contar la verdad al país sobre la magnitud de los sobornos entregados por esa compañía en Colombia y Latinoamérica.

“Yo invito a esa señora y a esa empresa a que le cuenten la verdad al país, que le cuente a qué campaña política le entregó recursos, que cuente cuál es la magnitud de los sobornos, que no sabemos todavía los colombianos y los latinoamericanos, para no hablar solo de Colombia; sino que por ejemplo cuenten, en el escenario de Venezuela cuántos centenares de millones de dólares en sobornos le entregó al régimen de Chávez, al régimen de Maduro, para no hablar de lo local donde indiscutiblemente aquí falta mucho por saber”, expresó.

El procurador Carrillo calculó que en Colombia probablemente solo se ha conocido el 25% del monto de los sobornos entregados por esa compañía, por lo que “no pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo. Es como dicen por ahí, el diablo haciendo hostias o los pájaros tirándoles a las escopetas”.