Frente a la discusión pública en torno a la financiación de la campaña del actual Presidente de la República, la Misión de Observación Electoral (Moe), reitera la urgencia de una reforma estructural al sistema de financiación de las campañas electorales y los mecanismos de control dispuestos para hacerle seguimiento a todos los recursos que ingresan y se invierten durante los procesos electorales. 

Para la Moe, el debate sobre presuntas financiaciones irregulares de las contiendas electorales es recurrente en las campañas presidenciales. El modelo actual favorece la opacidad de los recursos. Muestra de ello es que a tres días de realizarse las elecciones de autoridades locales de 2023, no se tenía información de los ingresos y gastos del 91,2% de las candidaturas, es decir, de 116.930 de las 128.208 inscritas.

La entidad lamenta la falta de voluntad política para discutir una reforma en el Congreso, pese a la evidente necesidad de una discusión seria sobre este tema. Para Marlon Pabón, Coordinador de Administración Pública y Transparencia, “ello ha derivado en que hoy estamos nuevamente frente a discusiones que pueden llevar a soluciones absurdas”. 

El caso de la presunta financiación irregular de Fecode a la campaña presidencial de 2022 evidencia estas problemáticas. Basta analizar algunos de los temas a debate, que tendrán que ser resueltos por las autoridades competentes:

Las reglas electorales prohíben a las personas jurídicas hacer aportes a las campañas presidenciales, pero no a los partidos políticos. Así, de aceptarse como válido que las personas jurídicas realicen donaciones a los partidos políticos para que estos a su vez aporten a las campañas, este se puede convertir en un medio para triangular recursos de entes prohibidos a las campañas a la presidencia.

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De otra parte, surge la duda sobre si un sindicato de trabajadores al servicio del Estado puede hacer aportes a una campaña. La ley es clara en prohibir la financiación proveniente de “personas que desempeñan funciones públicas”, con excepción de la que pueden realizar los integrantes de las corporaciones públicas a los partidos que pertenezcan o a sus propias campañas, pero no aborda expresamente la financiación de los sindicatos conformados por personas que desempeñan funciones públicas. Esto puede llevar a la incongruencia de determinar que los trabajadores del Estado no puedan hacer aportes, pero la unión de trabajadores sí.

Finalmente, se pone sobre la mesa si los gastos efectuados el día de la jornada electoral y los siguientes, en los que se definen los resultados electorales, deben ser considerados gastos de campaña, al realizarse por fuera de los periodos de campaña. Excluir los recursos que se utilizan por las candidaturas durante el día D no solo sería contrario a los principios de transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de las campañas electorales, sino que supondría que hay gastos que no se deben reportar por las candidaturas, es decir, que estas pueden y deben llevar una doble contabilidad. 

La discusión sobre este tema no se puede aplazar más en el Congreso de la República. No solo son necesarias reglas claras y congruentes, se requiere de una reforma estructural que analice el modelo de financiación en su conjunto. Esta reforma debe estar acompañada también de una reestructuración del Consejo Nacional Electoral para que esta autoridad cuente con las capacidades técnicas, administrativas y financieras que garanticen un monitoreo, investigación y sanción efectivos y eficientes en materia de financiación. 

Para Pabón, “de no discutir seriamente este tema y realizar las reformas necesarias, vamos a seguir repitiendo la misma historia: elecciones, discusión, debate, indignación, elecciones. Y todo esto en el contexto de la misma regulación y falta de capacidad técnica de la autoridad electoral, que no dan respuesta a las múltiples problemáticas, a pesar de estar claramente identificadas.”