A pesar de la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, el Estatuto de la Oposición entró en pleno vigor de cara al gobierno de Iván Duque con la declaración que hasta el pasado 7 de septiembre hicieron los partidos y movimientos políticos de si serán parte de la coalición, independientes u oposición.

Ahora hace falta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo reglamente en los aspectos que a su competencia corresponde. Así lo manifestó a EL NUEVO SIGLO el presidente de esta Corporación, el magistrado Heriberto Sanabria.

La reglamentación del Estatuto de la Oposición fue un tema que dejó pendiente el anterior CNE, cuyos magistrados finalizaron su periodo de cuatro años el pasado 30 de agosto.

“Lo único que hay pendiente es la reglamentación del Estatuto de la Oposición, eso sí se está trabajando. La reglamentación la hace el Consejo Nacional Electoral”, indicó el magistrado Sanabria Astudillo.

Añadió el primer Presidente de este organismo electoral, que dicha reglamentación tiene que ver con “el detalle sobre derechos, deberes y obligaciones que se generan en el buen uso del Estatuto de la Oposición para los distintos partidos y organizaciones políticas, y eso se puede demorar un buen tiempo. Aspiramos a que no sea mucho tiempo, pero sí un tiempo prudente para que quede bien diseñada la reglamentación”.

El Estatuto de la Oposición fue esperado durante 27 años después de que la Constitución reconociera los derechos políticos que tienen las formaciones contrarias al gobierno de turno. Tras un importante número de iniciativas que hundió el Congreso en todos estos años, finalmente lo aprobó como parte de la implementación de los acuerdos de paz.

Hasta el momento se han implementado dos disposiciones que ordena dicho Estatuto: la primera es la designación en el nuevo Congreso de representantes de los partidos de oposición en las mesas directivas de las plenarias y las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes.

En tanto que la segunda disposición materializada hasta el momento, es la declaración ante el CNE que hicieron los partidos políticos para informar que durante los próximos cuatro años serán parte de la coalición de gobierno, independientes u oposición.

Los partidos que se declararon de la coalición de gobierno son el Centro Democrático, La U, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI.

Los partidos Liberal y Cambio Radical anunciaron que asumen postura de independencia; en tanto que el bloque de la oposición está integrado por la Alianza Verde, el Polo, la Lista de la Decencia, el MAIS y el partido Farc.

Está pendiente

El Estatuto de la Oposición no contempla la figura de una jefatura, sin embargo, algunos analistas han coincidido en la necesidad de que las fuerzas contrarias al gobierno Duque escojan una persona representativa que además de ser su vocero, sirva para aglutinarlas.

En ese sentido, el primer nombre a considerar es el excandidato Gustavo Petro por los 8 millones de votos que alcanzó en junio pasado en la segunda vuelta presidencial, cuando fue derrotado por Iván Duque. También podría ser Jorge Robledo porque es uno de los parlamentarios de izquierda más respetados y votados.

No obstante, el propio Robledo señaló que no se ha pensado en un jefe de la oposición, sino que cada colectividad tendrá su vocero.

El senador Iván Cepeda (Polo Democrático) dijo a este Diario que “creo que lo que se va a concertar es que los distintos voceros de los partidos de oposición, las colectividades, acordarán la forma de cómo distribuirse los espacios a los que da derecho el estatuto”.

Otro tema pendiente de concretar es la designación en la Comisión Segunda del Senado de al menos dos voceros de la oposición (un principal y un suplente) en la Comisión de Relaciones Exteriores.

De igual manera, tras la declaración que algunos partidos hicieron ante el Poder Electoral que serán oposición, ya pueden hacer uso del derecho a réplica en los medios de comunicación social del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial.