La Corte internacional instó al Estado a realizar una investigación "exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables".

__________

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestó su “grave preocupación” ante denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos, que habría sido llevada a cabo por agentes estatales.

En este contexto, la CIDH instó al Estado a realizar una investigación "exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables".

Según una investigación periodística de la revista Semana, dichas interceptaciones ilegales se habrían realizado a través de equipos especiales del Ejército que permiten captar las llamadas de celulares y la instalación de un malware denominado "Hombre Invisible" en los dispositivos hackeados. 

Entre las víctimas se encontraría el director de la revista Semana, Alejandro Santos; los magistrados de la Corte Suprema, Cristina Lombana y Carlos Reyes; el senador, Roy Barreras y el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, entre otros.

Según la información del medio colombiano, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi).

El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, allanaron las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal. 

La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron el martes 14 de enero que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el exjefe del Ejército, Nicasio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos.

En su momento, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que apoyará las investigaciones que se realicen por las denuncias de interceptaciones ilegales. 

La CIDH señaló que el “uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”.