EL PARO armado en Chocó organizado por el Eln cumple hoy cinco días. Desde su inicio el domingo 11 de agosto, cerca de 45.000 personas de ese departamento se encuentran confinadas y viviendo en completa zozobra, según las recientes denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo.

Como se sabe, esta acción llevaba a cabo por el grupo armado ilegal con el que el Gobierno ha instalado mesas de negociación, se debe a las disputas con el Clan del Golfo en el territorio, afectando cinco municipios de la región como lo son Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.

Pero este jueves, a casi una semana del paro armado, integrantes del Frente Occidental Omar Gómez de la guerrilla del Eln, anunció la apertura de un corredor humanitario desde hoy hasta el 21 de agosto de 2024, permitiendo que las organizaciones puedan llevar asistencia a los habitantes de Chocó.

Sin embargo, el grupo armado estableció condiciones estrictas para la operación de este corredor, exigiendo que las entidades humanitarias se identifiquen claramente y eviten movilizarse durante la noche.

Indicaron que la apertura del corredor humanitario representa una oportunidad para aliviar el sufrimiento de los habitantes, aunque la efectividad de esta medida dependerá de la voluntad de las partes involucradas para respetar los términos establecidos.

La situación en Chocó se ha vuelto crítica debido a la combinación de un paro armado impuesto por el Eln y la creciente violencia de grupos armados como el Clan del Golfo.

Por su lado, la guerrilla defiende que el Gobierno no ha respondido de manera correcta para proteger a la población del Chocó, por tanto, utilizan su material de guerra para enfrentar a la organización ‘paramilitar’, la cual pretende expandirse en el territorio.

Los residentes enfrentan una violencia constante que limita su movilidad y acceso a recursos básicos. Según testimonios de líderes comunitarios, los habitantes viven con miedo, teniendo que restringir sus actividades diarias a trayectos cortos y seguros.

En las últimas horas, se conoció que una niña de 16 meses, identificada como Isabella Piraza Pizario, falleció en la comunidad indígena de San Cristóbal, en Chocó, debido a la falta de atención médica provocada por el paro armado indefinido. La tragedia ocurrió cuando la menor no pudo ser trasladada a un centro de salud, ya que estaba restringido el acceso al río, la principal vía para movilizarse.

Tras el anuncio de paro armado, se llevó a cabo un consejo de seguridad en Quibdó, con la intención de establecer estrategias para proteger la integridad y vida de las personas que han sido víctimas de la medida empleada por la guerrilla del Eln.

Los alcaldes de algunos municipios, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría, ratificaron la necesidad de desplegar hasta 5.000 militares en distintos puntos estratégicos del Chocó.

“Se están realizando consejos de seguridad con la Gobernación del Chocó, alcaldías de los municipios Istmina, Medio Baudó, San Juan, Sipí, Nóvita: líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y entes institucionales nacionales para generar estrategias y terror y miedo, principalmente del Eln, que en las últimas horas han lanzado amenazas contra la integridad de la población civil y la fuerza pública”, explicó hace algunos días el coronel Christian Alexander Leguizamón Zárate, comandante (e) Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

Por su parte, la gobernadora del departamento afectado, Nubia Carolina Córdoba, alertó sobre el riesgo latente en la población.

“Se ha anunciado un nuevo paro armado por parte del Eln en la subregión San Juan, apelando a los combates con el Clan del Golfo, recrudeciendo la crisis humanitaria en la que se ha mantenido el Chocó por la disputa del territorio. En medio de la angustia las comunidades del departamento siguen clamando por una salida al conflicto, pero mientras no se tenga en cuenta la voz y las condiciones particulares del territorio, seguiremos en esta crisis donde los derechos humanos y la precariedad es el costo que no terminamos de pagar”, destacó.