La cooperación internacional entre la Fiscalía General de la Nación, Policía de Australia Occidental (WAPOL) y la Policía Federal Australiana (AFP), fue determinante para propinar un duro golpe a una organización ilegal que estaría liderada por el ciudadano australiano Moreed Noor, alias de Robin.
El trabajo coordinado por la Delegada para las Finanzas Criminales, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio; apoyados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió la captura de cinco personas que estarían relacionadas con Moreed Noor, quien está siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Labores de policía judicial evidenciaron que Noor y su pareja sentimental, la colombiana Brissa Daniela Trejos Vélez, dejaron su residencia en Australia en 2018 y se establecieron en Medellín (Antioquia), donde obtuvieron un vertiginoso incremento patrimonial que no fue justificado.
La evidencia física recaudada determinó que la pareja, junto a varios de sus familiares y personas cercanas, al parecer, constituyeron empresas para dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Moreed Noor, Brissa Daniela Trejos Vélez, María del Pilar Vélez García, Hernán de Jesús Pulgarín Arcila y Paula Andrea Restrepo Vélez los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados.
Llamó la atención de las autoridades una casa ubicada en un exclusivo sector de Medellín, con ascensor, piscina, polígono y un cuarto de pánico. El predio fue afectado con fines de comiso.
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Durante las diligencias de registro y allanamiento realizadas en la capital antioqueña, las autoridades incautaron 70.000 dólares americanos, cerca de 398 millones de pesos en efectivo, y 4.055 dólares australianos, además de celulares, discos duros y computadores con documentos contables.
De manera simultánea, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 3 sociedades, 11 bienes muebles entre vehículos de alta gama y maquinaria amarilla, 1 embarcación, y 3 bienes inmuebles. El valor de los activos fue calculado preliminarmente en 3.700 millones de pesos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), según sus competencias, serán los encargados de administrar las propiedades afectadas.
Estas acciones fueron adelantadas en desarrollo de la Estrategia Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las redes de crimen organizado y del narcotráfico.