Sin una decisión de fondo frente a su competencia para continuar o no la investigación que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, terminó esta semana en la Corte Suprema de Justicia.

Pero, en cambio, lo que sí ha tenido continuidad es la filtración a cuentagotas de piezas procesales del expediente, a pesar de que la defensa ha insistido en que se levante la reserva sumarial del proceso.

A diferencia de las sesiones previas a la definición de la situación jurídica de Uribe, que terminó en una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, para esta oportunidad no ha trascendido ningún detalle de la discusión en la Sala Especial de Instrucción, que estudia el expediente Uribe.

La Sala, que integran seis magistrados pero solo cinco intervienen tras la recusación de la jurista Cristina Lombana, no ha programado ninguna sala extraordinaria, lo que indica que cualquier pronunciamiento se daría en la próxima sala plena.

La Sala tiene que pronunciarse sobre varias peticiones de la defensa. De una parte, la solicitud de levantar la reserva del sumario para que toda la actuación procesal sea de público conocimiento.

Por otro lado, tiene que resolver su competencia, que a juicio del abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, ya no tienen la Corte desde el pasado 18 de agosto, cuando la plenaria del Senado aprobó la renuncia del exsenador a su curul.

Y la tercera, el envío a la Fiscalía de todos los procesos que lleva contra Uribe. Unos, como el de supuesta manipulación de testigos, porque en concepto de Granados ya no son del resorte de la Corte Suprema ya que su cliente dejó de ser aforado constitucional, y otros, como los de las masacres declaradas delitos de lesa humanidad deben volver a instrucción por parte de la justicia ordinaria.

En todo el proceso intervino esta semana la Procuraduría General de la Nación a través de un concepto fiscal, no vinculante para la Sala de Instrucción, en el que dice que la Corte Suprema ya no tiene competencia para conocer el proceso contra Uribe, y que debe remitirlo a la Fiscalía.

Para el ente de control, “con la renuncia -de Uribe al Senado- desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista”. 

Nuevas filtraciones

A lo anterior se agrega que en los últimos días se han conocido nuevas piezas procesales que se suponen son reservadas, y que han sido publicadas en diferentes medios distintos a EL NUEVO SIGLO, y que van desde la propia indagatoria del exsenador Uribe ante la Sala Especial de Instrucción hasta las versión que dijo ante la Corte el principal testigo de cargo, como Juan Guillermo Monsalve.

Sin embargo, el aplazamiento de la decisión de fondo por parte de la Sala de Instrucción constituye para la defensa un clima propicio para que se sigan conociendo apartes de un expediente que ya sobrepasa los seis mil folios.

En ese orden de ideas, el exsenador Uribe ha insistido en que se encuentra “ilegalmente” privado de la libertad.

En un comunicado desde su sitio de detención, el expresidente señaló que en el expediente hay más de un centenar de inferencias del magistrado César Reyes lo que, en su criterio, “evidencia el sesgo político con el que fue redactada la providencia” con la que se resolvió su situación jurídica.

También, Uribe Vélez insiste en que está privado de la libertad “por suposiciones acomodadas a sus sesgos, que van en contra de las pruebas del expediente, a pesar de las que faltan”.

Por ello insiste: “¡Que se publique todo el expediente!”.

Increpan a Cepeda

De otro lado, también ha trascendido que un sector de congresistas del Centro Democrático, el partido de Uribe, retó al senador Iván Cepeda, parte civil en el proceso que se le sigue al expresidente, para que revele los chat y sus conversaciones telefónicas de los últimos cinco años y se someta a una prueba de polígrafo.

A través de un derecho de petición suscrito por 16 congresistas uribistas, -entre ellos Ernesto Macías, María del Rosario Guerra, Ciro Ramírez, Paola Holguín y Juan David Vélez- le insisten a Cepeda si está dispuesto a revelar el historial de sus registros telefónicos de los últimos cinco años, frente a lo cual el senador del Polo respondió negativamente.

“Reafirmo que no tengo relación alguna con el magistrado César Augusto Reyes Medina, salvo la procesal que surge de las investigaciones en las que actúo ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Cepeda en su respuesta, en la que dejó entrever que se siente constreñido.

Y es que la defensa de Uribe ha insistido en que por vía legal la Corte Suprema solicite ese registro telefónico pues sostiene que Cepeda no entregó las pruebas porque supuestamente su teléfono celular sufrió un daño técnico.

No se descarta que las respuestas del Senador de izquierda generen un debate en la plenaria del Senado la semana entrante.

Se espera que en la próxima sala plena de la Sala de Instrucción, prevista para el jueves 3 de septiembre, se adopte una decisión de fondo frente a la competencia de la Corte en los procesos que se le siguen al exsenador.

No obstante y tal como lo ha informado este Diario, varios juristas consideran que la Corte no tiene un plazo perentorio para pronunciarse de fondo pero que lo haría lo antes posible teniendo en cuenta la importancia nacional del proceso.