Alcances insospechados alcanzó la investigación por el escándalo de corrupción en la compra de camiones cisterna para llevar agua a La Guajira, de donde según el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, se sacaron cuantiosos recursos por instrucciones de integrantes del alto Gobierno para darle a congresistas para apoyar las reformas de la Casa de Nariño. La Corte Suprema citó ayer a declarar al jefe de Estado Gustavo Petro en la indagación que adelanta al presidente saliente del Senado, Iván Name, y el presidente saliente de la Cámara, Andrés Calle.

Olmedo López y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, han declarado en la Fiscalía en procura de alcanzar un principio de oportunidad que les garantice beneficios penales, pues figuran hasta el momento como los mayores responsables en estos hechos de corrupción,  salpicando a varios funcionarios para la época de lo ocurrido a finales del 2023.

En la declaración de los exfuncionarios salieron a relucir los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Minas, Andrés Camacho; el entonces del Interior, Luis Velasco; el hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González; y Sandra Ortiz, quien en medio del escándalo renunció como consejera presidencial para las regiones. Todos ellos negaron vínculos con esta situación.

Olmedo López sostuvo que todo esto “se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos (Pinilla), y nace precisamente en este tema, el tema de los carrotanques”. Agregó que en estos hechos participaron “ministros, directores de departamentos y congresistas”. Añadió que “esa agenda, precisamente, son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas”.

Pinilla aseguró que del contrato para adquirir 40 carrotanques por $46.800 millones, salió la plata para, según él, entregar $3.000 millones a Iván Name y $1.000 millones a Andrés Calle, por instrucciones, supuestamente, del alto Gobierno.

Igualmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema recibió compulsa de copias de la Fiscalía en la que se pide se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Ungrd.

La citación al presidente Petro por parte de la Corte Suprema se da en calidad de testigo, como se dijo, en las investigaciones que adelanta al senador Name y el representante Calle por supuestamente recibir dineros de este entramado de corrupción.

Otras pruebas

El magistrado Francisco Farfán decretó más pruebas en esta investigación por petición de la defensa de Name y Calle, como es citar a declarar el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés ldárraga Franco. 

Igualmente, el alto Tribunal ordenó una inspección judicial a las oficinas de las presidencias del Senado y la Cámara, al igual que a sus secretarías, “para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional”, explicó la Corte. La primera se aprobó y la segunda se hundió en el Congreso. 

Ya han declarado en la Corte en la investigación a los parlamentarios Calle y Name, el ahora exministro del Interior, Luis  Velasco; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González; la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; y Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

Se conoció que Petro no tiene que ir a la Corte a declarar en este caso, pues si así lo prefiere puede contestar un cuestionario y hacerlo llegar, dado el fuero que tiene por ser Jefe de Estado.

“Se determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés ldárraga Franco. La declaración del Presidente y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada”, explicó la Corte.

El Mandatario ha señalado respecto a este escándalo que “mi Gobierno no compra congresistas" y que Pinilla y López con esas afirmaciones buscan reducir las penas en prisión que recibirían por lo ocurrido en la Ungrd.

Mientras que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”.

Intentaron financiar la guerra y el secuestro que promueve el Eln: Luna

Más decisiones de la Corte

Además de citar a declarar al presidente Petro, al Ministro de Salud y al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tomó otra serie de decisiones en este proceso, después que se filtrara a un medio de comunicación la declaración que rindió Olmedo López en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, la cual gozaba de la reserva del sumario.

Una primera decisión es relevar al magistrado Héctor Alarcón de la investigación que lleva contra el representante conservador Wadith Manzur, de quien López dijo que  “el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”. El proceso pasa al despacho del magistrado Misael Rodríguez.

En una segunda decisión, el togado Rodríguez asumirá también las indagaciones a los senadores Julio Chagüi Flórez, Liliana Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya; y los representantes Karen Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez, Juan Muñoz Cabrera.

Piden investigar filtración 

 La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deploró en un comunicado la “filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal con reserva de una investigación en curso”.

La Sala dijo que es respetuosa de la libertad de prensa, “pero ese tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional”. Recordó que en esta etapa del proceso, y antes de una eventual acusación, las declaraciones bajo juramento y la recolección de material probatorio tienen reserva por ley para garantizar los derechos de las partes y proteger los avances de las investigaciones.

Informó también la Sala de Instrucción que por la gravedad del hecho la Sala pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración que tipifica una conducta penal.

Reacciones encontradas

En la declaración de López a la Corte, que como se dijo fue filtrada a un medio, entre lo más escandaloso que dijo es que altos funcionarios del Gobierno le ordenaron direccionar contratos al Eln en Arauca para salvar la negociación que mantiene ese grupo con la administración Petro.

“Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la honorable Corte que, cuando se hable de detalles, que cuando pueda, Dios me permitan hablar de detalles. Dios quiera que la vida me dé para ello, que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total”, aseguró López.

Frente a esta afirmación el presidente Petro dijo en la red X que “cualquier financiación con el Eln, tal como sucedió con las Farc, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública”.

En tanto que la delegación del Gobierno en la mesa de negociación dijo en un comunicado que “todas las actuaciones en desarrollo del proceso de paz con el Eln se han ceñido estrictamente al principio de la legalidad que significa el respeto a la Constitución y la leyes vigentes”.

La oposición dijo que son muy graves estas afirmaciones. La senadora Paola Holguín (Centro Democrático) dijo que “es muy importante que la Corte Suprema de Justicia compulse copias a la Comisión de Acusación tras las declaraciones de Olmedo López, porque él declara que Petro direccionó contratación de la entidad para el Eln y eso se tipifica como delito que es financiación de terrorismo y organizaciones de crimen organizado, en el artículo 345 del Código Penal.

En tanto que el senador David Luna (Cambio Radical) dijo que “así fue que compraron votos para aprobar la reforma pensional, que solo pretende asegurar recursos con el fin de hacer campaña en el 2026. Pero no contentos con eso, intentaron financiar la guerra y el secuestro que promueve el Eln”.

Mientras que la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que “financiar un grupo terrorista no solo es un tremendo delito, sino que además tiene consecuencias internacionales”.