AUNQUE el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró este martes que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, no tenía competencia para adjudicar la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greg, una resolución firmada por el ministro en funciones, este 22 de febrero, delega a ese funcionario la representación legal del Fondo Rotatorio y los procesos de contratación para la expedición y entrega de dichos documentos.

En medio del escándalo generado por la decisión de Salazar Ramírez por lo que el presidente Gustavo Petro le tildó de ‘traidor’ y lo declaró insubsistente, el canciller Murillo aseguró que el mencionado funcionario “no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, que declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″.

Agregó que la actuación del secretario general de la Cancillería fue “inconsulta y contrarias las instrucciones”, por lo que es objeto de investigación.

Sin embargo, en el resuelve de la resolución 1344 del 22 de febrero, firmada por el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, dice textualmente: “Delegar en el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores los procesos de contratación cuyo objeto es “uministrar, formalizar, la personalización, Custodia y Distribución de las Libretas de Pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites , administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con el mismo”.

Cobijado por esa resolución fue que, según aduce José Antonio Salazar Ramírez, que tomó la decisión de adjudicar la licitación de los pasaportes, admitió que no consultó con el canciller Murillo por considerar que no necesitaba autorización para ello y que no actuó ilegalmente.

En declaraciones a varios medios de comunicación, este martes, Salazar Ramírez que espera la formalización de la insubsistencia de su cargo anunciada por el presidente Petro sostuvo que “Yo no se lo consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”.

Por ahora se sabe que el proceso de expedición y entrega de pasaportes no tendrá afectación alguna ya que el contrato actual vence el 2 de octubre.

Adjudicación

Entre tanto, la adjudicación  del contrato para la elaboración de pasaportes, notificada el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue aceptada por la compañía Thomas Greg & Sons, por lo que de inmediato se pone en marcha el cronograma de trabajo.

El próximo 4 de marzo, fecha tope para las formalidades correspondientes, se hará la firma del acuerdo valorado en 600 millones de pesos. Pero mientras no suceda, la demanda de la empresa contra el Estado por haber declarado desierta la licitación se mantiene.

De acuerdo a los reportes hechos por diferentes medios de comunicación, el equipo jurídico de la firma tuvo un primer encuentro con funcionarios de la Cancillería, luego de otorgarse la licitación, con el propósito de llevar a cabo el proceso de empalme entre la anterior y actual periodo de contratación.

Fue este lunes cuando la Cancillería, a través de su entonces secretario general, José Antonio Salazar, decidiera adjudicar a Thomas Greg el contrato para la elaboración de este documento para ciudadanos colombianos dentro y fuera del país.

Salazar expidió tres resoluciones. La primera está relacionada con la declaración de desierto del proceso de licitación pública el pasado 13 de septiembre.

La resolución 1395 señala que también "se da por terminado en esta fecha el estado especial de urgencia manifiesta para contratar contenido en la Resolución Ministerial No 7541 del 14 de septiembre de 2023 por cuanto desaparecieron las causas que dieron lugar a su declaración”.

En la tercera resolución, finalmente adjudica el contrato a Thomas Greg & Sons por más de 599.000 millones de pesos para que elabore los pasaportes.

La decisión del funcionario generó molestias en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro cuestionó el hecho, declarándolo insubsistente, llamándolo traidor y destituyéndolo del cargo, el cual estará ocupado de manera provisional por la consejera de Relaciones Exteriores en la embajada de Colombia en los Estados Unidos, Paola Andrea Vásquez.

“El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, afirmó el mandatario.

Pero Salazar no se quedó callado ante los señalamientos del jefe de Estado, alegando que su actuación estuvo apegada a la ley. “Insisto que por encima de cualquier instrucción de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, la ley contractual. Después de un procedimiento lícito que surte con transparencia, ordena evaluar el informe final y proceder a la implicación del contrato”, indicó.

La licitación

En tres oportunidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió el proceso de licitación de pasaportes. Pero no fue hasta septiembre del año pasado cuando el proceso fue declarado desierto.

En su momento, el canciller Leyva defendió esa determinación señalando que “se declaró desierta porque se cuestionó demasiado”.

Debido a que mientras se estructuraba una licitación y se adjudicaba el contrato se podría presentar desabastecimiento de pasaportes, Leyva decidió acudir a la figura de la urgencia manifiesta para hacer una contratación de manera directa, que en este caso quedó en Thomas Greg & Sons.

En ese entonces, Thomas Greg & Sons inició contra la nación un proceso de conciliación extrajudicial por $117.000 millones, pues alegaba perjuicios y daño reputacional porque se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en donde había quedado como único proponente.

Sin embargo, como no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes sobre una conciliación, esa empresa demandó a la nación por $ 117.000 millones.

Como se sabe, por las irregularidades presentadas durante el proceso licitatorio, Leyva fue suspendido de su cargo por tres meses y llamado a juicio disciplinario.