La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Jesús Javier Suárez Moscote, exdiputado del departamento del Cesar, por comentarios homofóbicos dirigidos al ministro de Justicia, Néstor Osuna. El incidente ocurrió durante una sesión de la Asamblea Departamental el 24 de agosto de 2022, centrada en la crisis carcelaria del país.

Durante la mencionada sesión, Suárez Moscote expresó: “Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalones o pantaletas”, comentario que fue rápidamente catalogado como homofóbico y ofensivo. Este hecho no solo suscitó el rechazo inmediato de sus compañeros de recinto, sino que también motivó la intervención del Ministerio Público.

Miguel Ángel Rocha Cuello, procurador regional del Cesar, calificó la conducta del exdiputado como "reprochable" y afirmó que "infringió, presuntamente, el principio de moralidad y contravino el deber exigido para las actuaciones del servidor público, que deben estar enmarcadas en la pulcritud, neutralidad y decoro de sus expresiones". Rocha Cuello añadió que es “inadmisible que se toleren actos irrespetuosos y abusivos contrarios a la dignidad humana ya que esto perjudica el buen ejercicio de la función pública y el desmedro de las instituciones”.

La formulación de cargos por parte de la Procuraduría subraya la gravedad del acto, catalogándolo como injuria y calumnia, y destaca la intención consciente de Suárez Moscote de ofender y ridiculizar al ministro Osuna. La situación se agrava al considerar que estos improperios no solo violan los códigos disciplinarios, sino que también representan una "falta grave" en el contexto de las responsabilidades y el comportamiento esperado de un servidor público.

Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener la dignidad y el respeto en el discurso público, especialmente en instituciones donde las palabras y acciones de sus miembros tienen un impacto significativo en la percepción y el funcionamiento de las mismas. La acción de la Procuraduría refleja un esfuerzo por reforzar estos valores y enviar un mensaje claro contra la tolerancia de expresiones discriminatorias y ofensivas en el ámbito político.

La respuesta de la sociedad y las autoridades a este incidente resalta la necesidad de una vigilancia constante y de un compromiso firme con los principios de respeto y equidad, fundamentales para la convivencia democrática y el buen ejercicio de la función pública en Colombia.