Un juez de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Candelaria, Valle del Cauca, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera; a tres funcionarios de la administración municipal y a dos contratistas por presuntas inconsistencias en contratos de construcción de canchas de fútbol y mantenimiento de vías terciarias.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de que los procesados habrían actuado en detrimento de las finanzas públicas y menoscabaron la administración, la fe y la seguridad pública.

Por esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los siguientes delitos:

Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria: Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

José Ulises Asprilla Cárdenas, contratista: Interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.

Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

Jimmy Paz Castillo, contratista: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias: Concierto para delinquir agravado.

La investigación del ente inició cuando los líderes sociales de Candelaria, Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, alertaron en redes sociales, y a instancias de diferentes entidades y órganos de control,  inconsistencias en un contrato que tenía por objeto la construcción de tres canchas de fútbol, una de ellas en el corregimiento Buchitolo. Esta obra no se pudo entregar porque la alcaldía no hizo estudios ni diseños que permitieran ejecutar la obra.

Los señores Giraldo Fúquene y Borja Pérez fueron asesinados el 30 de enero del año en curso, luego de interponer formalmente denuncias por los hechos de corrupción.