Una vez más se avivó en Colombia el debate sobre si imponer o no cadena perpetua a los violadores de menores de edad.

La discusión volvió a cobrar relevancia este año luego de que se conociera el caso de abuso sexual y feminicidio de Sharik Buitrago, de nueve años, registrado en Guaviare el miércoles de la semana pasada.

A raíz de este hecho, el presidente Iván Duque anunció que impulsará una propuesta en el Congreso para promover la medida, ya sea por medio de una nueva reforma constitucional o por una ley de referendo.

La iniciativa, que ya se ha hundido cinco veces en el Congreso, es apoyada por sectores políticos conservadores y por el gabinete de Duque, quienes afirman que serviría para luchar contra las violaciones sexuales, un crimen que en 2018 dejó unas 64 víctimas diarias.

Sin embargo, penalistas y defensores de derechos humanos opinan que la medida no es una solución real a la problemática y vulneraría tratados internacionales ratificados por Colombia.

Mónica Roa, abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirma que la propuesta de cadena perpetua “hace sentir a la gente que se están tomando medidas para resolver un problema, pero no ayuda a resolver nada”.

Para ella, el problema real consiste en que se interponen pocas denuncias y se llegan a muchas menos condenas. “Los violadores saben que existe un doble rasero. Aunque familias, colegios e iglesias tienen un discurso de preocupación máxima por el bienestar de los niños y niñas, a la hora de la verdad, cuando aparece un caso, estas instituciones prefieren encubrirlo para proteger su reputación”, dijo.

Abusos

En el 75% de los casos de abusos sexuales el agresor es una persona que tiene la confianza y el afecto del menor. Muchas veces es un miembro de su familia o cercano a ella. “Se genera una confusión porque los niños y niñas sienten miedo y cariño por esa persona y no están seguros sobre si lo que les pasa es malo o no, o en otros casos creen en las amenazas que estos agresores usan para disuadirlos, como que les van a hacer daño a ellos o a otras personas importantes para ellos”, explicó.

Muchas veces, una vez los niños deciden hacer pública su queja, las familias, los colegios y las iglesias, las instituciones donde este tipo de abusos ocurren con mayor frecuencia, ponen en duda la versión del menor y en muchos casos lo acusan de decir mentiras, por lo que terminan encubriendo estas situaciones.

“Los pocos casos que llegan a denunciarse oficialmente enfrentan otra serie de obstáculos de la justicia, como por ejemplo el mal manejo de las pruebas y la cadena de custodia”, añadió Roa.

Los casos que logran una condena son la excepción. “Nuestros esfuerzos deberían enfocarse en incentivar las denuncias y luchar contra el encubrimiento y la impunidad”, concluyó.

Según un estudio publicado por la ONG Sisma Mujer, el subregistro en los casos de violencia sexual llegaría al 95% en Colombia.

Medicina Legal indica que casi el 90% de las víctimas de delitos de violencia sexual son menores de edad.

Aníbal García, abogado penalista con 12 años de experiencia en la Fiscalía, expresó que imponer prisión perpetua, además de ser una medida inefectiva, vulneraría tratados internacionales ratificados por Colombia. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La tendencia a nivel internacional es todo lo contrario”, argumentó. “Es muy difícil pensar que un país que ha entrado en el respeto de los derechos humanos y de principios como la dignidad humana trate de implementar penas graves como la cadena perpetua o la pena de muerte. Sería como caminar hacia atrás”, añadió.

Otro argumento que esgrimen quienes se oponen a la medida de cadena perpetua es el costo de mantener a numerosos convictos en la cárcel durante toda su vida. Un informe de la Comisión Asesora de Política Criminal, realizado por petición del Ministerio de Justicia, expuso que si se implementa la medida se terminaría gastando más dinero en la manutención de los victimarios que en el bienestar de las víctimas y en políticas de prevención.

El documento, elaborado por 10 expertos, especificó que sostener a un preso cuesta más de $18 millones anuales. Con ese dinero se podría pagar la educación anual de casi tres decenas de niños y niñas.

Política integral

Roa consideró que el problema de los abusos sexuales no se puede resolver con una sola medida. “Necesitamos una política pública bien financiada que incluya soluciones integrales de prevención, investigación y sanción”, aseveró.

Para ello es necesario apostarle a crear alianzas con sectores como salud, educación y con las comunidades para darles la formación que necesitan para identificar las alertas tempranas. “Tenemos que fortalecer el trabajo de fiscalías y juzgados especializados en violencia sexual contra menores y darles las herramientas técnicas que necesitan para atender los casos”, agregó Roa. Eso incluye equipos interdisciplinarios y debidamente preparados para guardar y manejar las pruebas existentes con la rigurosidad necesaria.

García indicó que el debate ha adquirido una dimensión más política que jurídica. “Curiosamente este tipo de debates siempre se acrecientan en momentos de coyuntura electoral”, dice el abogado, refiriéndose a las elecciones locales que se realizarán el próximo 27 de octubre. “Todo el mundo se pronuncia, la gente quiere hacer campaña con una situación tan complicada como esta”, sostuvo.