El Gobierno reconoció que existe rezago en la titulación de los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas y se comprometió en adelantar un plan de choque para solucionar el problema, al que el Congreso le hará seguimiento.
En eso se quedó luego de un debate de control político que adelantó la Comisión Legal Afrocolombiana por citación de los representantes Milton Angulo, del Centro Democrático, y John Arley Murillo, de Colombia Renaciente, y que contó con la presencia de la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez.
La situación es crítica, porque no solo se ha avanzado poco, sino que la mayor parte de lo hecho quedó mal.
Así, mientras el representante Murillo señaló que en 27 años solo se han titulado territorios de 216 comunidades, la directora Martínez puntualizó que “el 86% de estos títulos constituidos en administraciones anteriores tienen traslapes con otras comunidades, tanto afros como indígenas, pero también con campesinado”, anotando que “una gran parte de nuestro tiempo sí la henos dedicado, representantes, a lo que es el tema de diálogo social para evitar el conflicto en territorio y generar espacios donde podamos encontrar soluciones para estos traslapes”.
Esos casos de “constituciones irregulares de los títulos colectivos”, precisó, “se han informado a los entes de control para que avancen las investigaciones”, explicando que “cuando un título se constituye sin generar un buen estudio de los predios” y “garantizándoles la seguridad jurídica a las comunidades, lo que se les deja a estas comunidades es un problema de conflictividad territorial”, de manera que la premisa de la ANT es la “rigurosidad legal, porque esto le genera seguridad jurídica a las comunidades”.
Asegurando que “las dificultades que se tuvieron fueron administrativas, desde ningún punto de vista políticas”, la funcionaria les aseguró a los congresistas que “esta administración no va a sacar títulos colectivos por engrosar un título. Esta administración va a garantizar la seguridad jurídica de nuestras comunidades. Sacar títulos colectivos por sacar títulos colectivos sin hacer las verificaciones reales en territorio solo genera conflicto y uno no puede en un tema de tierras como administración ser el generador de conflictos”.
Martínez puso en conocimiento de la Comisión que “la Agencia está en un atraso de sistemas y de archivo bastante alto”, debido “realmente a malos manejos administrativos de administraciones anteriores”.
En todo caso se mostró optimista sobre que “el próximo año seguramente ustedes van a ver un cambio bastante alto en las diferentes metas”, aunque fue realista en considerar que “el rezago es muy alto y los presupuestos no alcanzan para poder atender todo el rezago”.
Rezago
En su exposición, el representante Murillo explicó que el artículo 55 transitorio en la Constitución ordenó en 1991 al Congreso la expedición de una ley especial que les reconociera derechos étnicos y territoriales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como grupo étnico, mandato que se cumplió formalmente cuando en 1993 el Congreso expidió la Ley 70 que “estableció el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre los territorios ancestrales, como una garantía de protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por estas comunidades en todo el país”.
La meta de la Ley 70 fue la titulación de colectiva de ocho millones de hectáreas. 27 años después, los mayores avances se han presentado en la cuenca del Pacifico, donde se han otorgado 202 títulos sobre 5.700.000 hectáreas, “títulos colectivos que benefician a más de 88.503 familias y más de medio millón de personas”, calculó Murillo.
Para el congresista, la ANT “mantiene paralizadas y sin ningún trámite más de 348 solicitudes de titulación colectiva formuladas por las comunidades afrocolombianas en los últimos 10 años y el plan de choque acordado en el Plan Nacional de Desarrollo para tramitarlas, no avanza ni se pone en marcha”.
Según el legislador, “algunas de las solicitudes fueron presentadas a la ANT hace más de una década, sin que se les haya impartido ningún trámite y existen múltiples fallos judiciales que por vía de tutela le han ordenado a la ANT agilizar las actuaciones y proteger los derechos territoriales de estas comunidades, pero incluso en estos casos los procesos no avanzan”.
“Para atender las 348 solicitudes que actualmente tiene represadas atendiendo un promedio de solo 20 solicitudes por año”, la ANT “necesitaría 18 años para atender el actual rezago, es decir necesitaríamos casi cuatro gobiernos para resolver el actual rezago”, lamentó Murillo.
Plan de choque
El representante Angulo, por su parte, planteó que es necesario “mejorar los indicadores de titulación en nuestras comunidades afro, especialmente en el Pacífico colombiano. No podemos aceptar que siga rezagada esta actividad, ya que es un mandato constitucional”.
“La importancia de este debate es generar un compromiso para que podamos desarrollar un plan de contingencia para demostrar que desde el próximo año se va a atender con acciones rigurosas”, expresó, planteando la creación de una “subcomisión de seguimiento al problema de titulación”.
“El compromiso es que tenemos que mejorar en el futuro. Esa deber ser la apuesta”, apuntó, agregando que hay que implementar “un plan de choque que mejore la cantidad de títulos para nuestras comunidades afro, pero lo fundamental también que mejore la inversión para la actividad de fomento de desarrollo rural”.
Expuso el parlamentario que “las comunidades negras ejercen función social y ecológica en su territorio y deben velar por la protección del ambiente, los recursos naturales y contribuir con las autoridades en la protección de este patrimonio como medio para garantizar las dinámicas ecológicas y su desarrollo”.
“Los planes de vida de los consejos comunitarios se basan en el uso y manejo de su territorio, razón por la cual, la obtención de títulos colectivos se convierte en un paso fundamental para alcanzar los intereses y objetivos como comunidad”, explicó, subrayando que “reivindicar la propiedad ancestral de un determinado lugar es también la manera de salvaguardar las posibilidades de reproducción de la cultura, historia y una forma de garantizar el sustento económico”.
“La titulación de tierras es un proceso vital para las comunidades negras, ya que el territorio se convierte en una figura fundamental para el desarrollo de su calidad de vida, para el fortalecimiento de sus costumbres y su cultura”, recordó el representante.
Como conclusión, Angulo sostuvo que “la ANT ha manifestado su voluntad de mejorar los indicadores y metas en favor de las comunidades negras”.
Ahora, dijo, “el trabajo fundamental es hacer las cosas en el marco de legalidad con un seguimiento constante y tomando como referencia lo pasado para mejorar”.
Comunidades negras
La Ley 70 de 1993 define las comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.