El polémico proyecto recibió el visto bueno de la Comisión Primera del Senado, pero no cuenta con el respaldo del uribismo, por lo que podría hundirse en la plenaria de esa corporación

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Un tratamiento diferenciado para aquellas familias dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos, especialmente coca, es lo que propone un proyecto de ley aprobado en primer debate.

Según el articulado de la iniciativa presentada por congresistas del partido Farc, la ley cobija a aquellos pequeños agricultores que cumplan con los requisitos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que ya estén suscritos o que se suscriban a estos hasta dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la ley. Para ellos se garantizará un tratamiento penal diferenciado en el que la autoridad competente renuncia al inicio y ejercicio de la acción penal.

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Además, los beneficiarios de la ley deberán manifestar su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito o a reincidir en ello, así mismo, se comprometen a suspender cualquier tipo de relación con actividades asociadas a lo ilícito.

Luego de dos años de la suscripción del compromiso individual, el PNIS deberá verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del beneficiario del tratamiento penal aquí previsto y comprobar la implementación efectiva del programa. Durante ese periodo las autoridades no podrán iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal por aquellos hechos que dieron origen a la suscripción del PNIS y cumplir con los demás requisitos de la ley. Si los hechos son posteriores a la suscripción del acta de compromiso las autoridades no perderán su competencia.

Luego de ese periodo y si los agricultores cumplieron los requisitos se extinguirá la acción penal “para procesados, la pena para condenados y la acción de extinción de dominio respecto de bienes de estos. En todos los casos se extinguirán los antecedentes judiciales de las bases de datos de quienes accedan al beneficio y cumplan el periodo de verificación”, asegura el articulado. El proyecto aclara que no podrá ser beneficiario quien financie las plantaciones y sea miembro de alguna organización criminal.

Muchas dudas

El senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), del partido Farc, sostuvo que “este proyecto es una muy buena noticia para las cerca de 90.000 familias que firmaron el acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos. Pues permitirá el tratamiento penal diferenciado al que tienen derecho y esperamos que próximamente en la plenaria de Senado siga avanzando este proyecto que es parte del desarrollo de los acuerdos de la Habana y que está dirigido a beneficiar a las más de 90 mil familias que firmaron el acuerdo y que abre la puerta a otros programas que puedan desarrollarse en materia de sustitución”.

Sin embargo, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, aseguró que el proyecto tiene una dificultad “grave y es que no hace distinción de los pequeños cultivadores, sino que habla de unos temas de manejo de hoja de coca y otros temas que quedan muy abiertos. Creo que sí es cierto que no hay un pequeño campesino penalizado sobre el tema, este es el insumo del gran tema del narcotráfico y de un problema que tenemos que son 209.000 hectáreas de coca sembradas, lo que puede incentivar nuevamente el cultivo y el tráfico. Me parece un error la posición de la Comisión, pues yo tengo muchas dudas sobre el proyecto”.

En ese sentido la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, afirmó que no acompaña el proyecto.

“Me parece que es un error –en un momento en que el país tiene 208.000 hectáreas de coca, donde los mafiosos están matando a los líderes sociales en las regiones donde la criminalidad está tratando de volver a tomar control sobre el territorio– decirles a los campesinos que pueden seguir sembrando, porque no hay manera de que salgan de la esclavitud a la que son sometidos por parte de los grupos ilegales”, manifestó.

Según la senadora, “la erradicación debe ser forzada para que el campesino se pueda defender de los grupos ilegales. De lo contrario se genera una situación de vulnerabilidad de ellos. Cuando le dicen: usted tiene la opción de sembrar y lo quiere erradicar, entonces lo matan. Lo que se debe hacer es una fuerte presencia estatal para que los campesinos puedan usar esto como escudo contra los violentos”.

La senadora Valencia agregó que el proyecto es innecesario pues “los campesinos que siembran coca nunca han sido perseguidos, sin embargo, reto a los autores del proyecto que nos muestren cuáles campesinos están en la cárcel por sembrar coca. Hay una excepción y son aquellos campesinos que conformaron grupos ilegales que se dedicaron no solo a sembrar este tipo de cultivos sino a traficar con ellos”.

A su turno, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), dijo que la ley se aprobó sin los votos del Centro Democrático.

“Es una ley que se basa en el Punto 4 del Acuerdo de Paz sobre solución al problema de las drogas ilícitas. En la Comisión Primera los proyectos de la paz pasan. Los que intentan dañarla no pasan. La paz tiene quien la defienda”, anotó.

A su turno, el senador Luis Fernando Velazco, del Partido Liberal, explicó que la iniciativa “hace parte de los acuerdos que el Estado hizo con la extinta guerrilla de las Farc para su desmovilización y desarme, estoy de acuerdo pues el pasado gobierno propone a los campesinos un programa de sustitución de cultivos ilícitos, quien se inscribe reconoce que tiene cultivos ilícitos, con esa sola inscripción si no existe este proyecto puede iniciársele un proceso. El Estado no puede incumplirle a la gente y menos en un programa que los campesinos se meten en un programa creyendo en la palabra del Gobierno”.

El proyecto ahora pasa a discusión de la plenaria del Senado, que deberá incluirla en su orden del día la próxima semana.