Por irregularidades en la construcción de la Ruta del Sol II, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a empresas Odebrecht y las empresas socias dela Ruta del Sol II,  

Así lo anunció el superintendente Pablo Felipe Robledo, al revelar detalles de este amplia investigación, cuya indagación preliminar se llevó 20 meses.

El funcionario indicó que varias empresas y personas naturales violaron los principios de libre competencia e incurrieron en aprovechamiento de conflicto de intereses.

De esta forma, señala la SIC, las "varias prácticas anticompetitivas habrían sido ejecutadas, en cada caso, por algunas de las empresas y altos directivos investigados, y estarían relacionadas con el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO; el aprovechamiento de un conflicto de intereses y la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía tales contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio".

En caso de declarar que exisitió violación de la ley, las empresas podrían pagar una multa de hasta 78.124 millones de pesos, por cada infracción y 1.562 millones de pesos para las personas naturales.

Continúa el comunicado del superintendente señalando que "se hizo una primera imputación de cargos por hechos y conductas relacionadas con el pago de un soborno a Gabriel García Morales, (viceministro de Transporte y gerente general encargado del Inco), quien tenía a su cargo la tramitación del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de concensión de la Ruta del Sol tramo II".

Según la investigación realizada la Superintendencia pudo establecer que el soborno se había producido a partir de la práctica deliberada y reiterada de Odebrecht en su forma de hacer negocios. 

De esta forma y con base en la denuncia entablada ante la fiscalía por varios funcionarios de Odebrecht en Colombia y América Latina, pudo la Superintendencia establecer que Luis Antonio Bueno Junior, en ese entonces director de la empresa brasileña en nuestro país, habría acordado con José Elías Melo Acosta, a nombre de Corficolombiana, que después de pagado el soborno de US$6.5 millones por parte de Odebrecht a Gabriel García Morales, se dividirían el costo del mismo a lo largo del proyecto, a través de pagos de obligaciones fachada derivados del rubo "Asistencia Técnica desde el Exterior".

Señala el comunicado de la SIC que también se pudo establecer que "entre luis Antonio Bueno y José Elías Melo Acosta, habrían acordado no contarle a Carlos Alberto Solarte Solarte, ni involucrar a su empresa CSS Constructores en el pago del soborno, entre otras razones por cuanto la participación de CSS Constructores era de 4.99%, irrevelevante en el consorcio".

Cabe recordar que a comienzos de año la Fiscalía le imputó cargos por varios delitos al García Morales, quien admitió haber recibido el soborno y fue condenado a varios años de prisión. Y, ante la SIC, ese acusado reiteró esa versión y haber recibido los US$6.5 millones. Por su parte el director de Odebrecht Colombia también admitió el ofrecimiento y pago de dicha suma "vía offshore con recursos no contabilizados oficialmente" entre marzo y septiembre de 2010 y girados en Colombia a una persona con sobre nombre "El Costeno", refiriéndose a Gabriel García Morales.

Una vez se evidenció el soborno y ante las decisiones judiciales, se hacía necesario restituir ese dinero a Odebrecht por parte de la Concensionaria Ruta del Sol, incluyendo lo que estaría también a cargo de Episol/Corficolombiana, a través de pagos de obligaciones contractuales fachada, derivadas de un contrato de "Asistencia técnica desde el exterior" que supuetamente habrían celebrado la española DCS Management S.A. y la constructora Norberto Odebrecht.

Y, para realizar dichos pagos por parte del consorcio, se requería la autorización de al menos un funcionario de Odebrect y del represntante de Corficolombiana en Consol, es decir, Mauricio Millán Drews, quien declaró que aunque le habían parecido sospechosos finalmente los realizó por orden directa de su jefe, José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana.

Es por todos estos hechos violatorios a las leyes decomptencia que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a: José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Luis Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina; Luis Antonio Bueno Junior, director Odebrecht Colombia; Luis Eduardo Da Rocha, encargado del manejo de la división de operaciones de Odrebrecht; Manuel Ricardo Cabral, empleado de esa multinacional y Yesid Augusto Arrocha, director jurídico de la misma.

Conflicto de intereses

Por otra parte, la Superintendencia argumenta que Episol, principalmente a través de los a más altos directivos de sus controlantes (Corficolombiana y Grupo Aval) tramitaron las expectativas que  tenían sobre las condiciones del proyecto Ruta del Sol  por fuera de términos y las reglas aplicables al proceso de selección, "en claro y oculto aprovechamiento del conflicto de intereses que existía entre Diego Fernando Solano, vicepresidente del Grupo Aval y Maria Victoria Guarín, quien se desempeñaba como alta funcionaria en la Corporación Financiera Internacional (organismo que seleccionó Inco para estructurar el proyecto de Ruta del SOL)".

Entre las pruebas que sostienen este aprovechamiento, la Sperintendencia de Industria y Comercio presentó un correo electrónico en el que  José Elías Melo informa al presidente del Grupo Aval que Guarín Vargas estaba a cargo en la IFC del Baco Mundial, de la Ruta del Sol y que era esposa de Diego Fernando Solano, vicepresidente de ese conglomerado empresarial. Así mismo otros en los que se organizan encuentros entre esa pareja y José Elías Melo para hablar sobre la Ruta del Sol II.

Considera el ente regulador de la industria y comercio que se tipificó un aprovechamiento del conflicto de intereses ya que tanto Corficolombiana como el grupo Aval conocían el proceso para adjudicar el tramo II de la mencionada Ruta y omitieron comunicar su cercanía con el IFC  durante el proceso de adjudicación.

"La Superintendencia encontró que no se adoptó ni por parte de Corficolombiana ni por el grupo Aval, ni por la IFC, medida alguna para impedir el aprovechamiento del conflicto de intereses y, en cambio, lo que se logró advertir por la Superintendencia en las explicaciones ofrecidas, fue la negación contraevidente de la participación de los mencionados funcionarios en todas las etapas de la estructuración e implementación de la licitación pública".

Y agrega que este aprovechamiento del conflicto de intereses habría afectado el proceso de selección contractual en la medida que le otorgó ventajas anticompetitivas a la estructura plural en la que participó Odebrecth y Episol.

Por esas razones del conflicto de intereses, diferentes del soborno de Odebrecht, decidió formular pliego de cargos a Luis Carlos Samiento Gutiérrez, presidente del grupo Aval; Diego Fernando Solano, vicepresidente de ese grupo, José Elías melo, presisdente de Corficolombiana; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín Vanegas, senior investment officer de la Corporación Financiera Internacional.

Igualmente, la SIC llamó la atención sobre el pago sospechoso de 75.000 millones de pesos, que califica de cancelación de obligaciones de posibles contratos ficticios y que podrían ser el "eslabón perdido" más allá de los U$11 millones de sobornos encontrados en el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para investigar el tema la SIC dio traslado del asunto a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia en materia penal. 

La respuesta de las entidades

Las compañías manifestaron este sábado que en la investigación adelantada no hay pruebas que demuestran su participación en prácticas de soborno de Odebrecht.

“De la misma forma, es claro que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial, Episol, se efectuaron pagos irregulares como los mencionados en la rueda de prensa de la SIC”.

Asimismo, rechazan el señalamiento por aprovechamiento de conflicto de interés, afirmando que sus operaciones siempre se han llevado de forma transparente y respetando las leyes de Colombia.

“Estos mismos principios de gobierno corporativo y legalidad han sido instaurados y observados en las sociedades controladas por Grupo Aval”.

Episol, Grupo Aval y Corficolombiana señalaron que ejercerán su legítimo derecho a la defensa, entregando cualquier explicación requerida a fin de demostrar que no hay ilegalidad en sus actuaciones.