En desarrollo de las audiencias concentradas de judicialización, que ya completan 8 días, en contra de 15 personas, entre ellas 8 concejales de Neiva (Huila), el contralor actual, José Hildebrán Perdomo, y la personera, Heydi Lorena Sánchez, la Fiscalía reveló detalles sobre audios que tiene en su poder a través de los cuales se pone en evidencia la manipulación a la que se vio sometida la selección de la citada personera.

En una de las comunicaciones interceptadas interviene Vladimir Fernández Andrade, secretario de la Federación Nacional de Departamentos, y su primo el contralor de Neiva en mención, donde le dice que siendo él quien orientó el proceso de elección, tiene que “enredar la pita” en el Tribunal Contencioso del Huila para mantener la elección de la funcionaria.

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Llamada

Vladimir Fernández Andrade: (…) pero a mí me sigue preocupando más Heidy, yo necesito que usted se apersone de eso y saque eso adelante, usted ya sabe por qué (…) yo por eso pido que todas esas pruebas no las decreten mientras enredo la pita y etcétera y etcétera, pero eso hay que preverlo porque son antecedentes administrativos y los van a tener que entregar. Ojo con eso, eso no puede salir la cagada, mejor dicho,  su señoría orientó la elección, no podemos dar papaya.

(…) acuérdese que los soportes no están bien hechos, acuérdese que son unas hojas de Excel mal hechas. Se acuerda?

Contralor José Hildebrán Perdomo: (…) en vista de la falla que se cometió en cuanto a la ponderación de la experiencia cuando no debió haberse hecho, que se hizo para todos; eso, entiendo, no lo vamos a suministrar.

Vladimir Fernández Andrade: Exactamente, eso no lo vamos a suministrar, pero hay que suministrar algo que justifique esos puntos, me hago entender, algo tendrá que salir así no sea puntual, puntual, ese algo que justifique esos puntos, es lo que necesito, lo que sea para que no vayan y espulguen más, si me entiende?

Se evidenció entonces que se pretendía ocultar información dentro de la acción de nulidad instaurada por la elección -al parecer fraudulenta- y por las investigaciones que adelantaba en su momento la Fiscalía General de la Nación en la Universidad Surcolombiana.

Con este material  probatorio, una fiscalía seccional del grupo de Administración Pública de la Seccional Huila, que adelanta la investigación, compulsó copias contra el secretario de la Federación Nacional de Departamentos, por el presunto ocultamiento de material probatorio y por el delito de fraude procesal.

Es de recordar que los procesados fueron detenidos la semana pasada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, debido a que el ente acusador cuenta con elementos con vocación de prueba que indicarían que un contratista privado de la región financió la candidatura de los dos aspirantes a los entes de control y, presuntamente, entregó dádivas hasta por $12’000.000 a varios de los entonces integrantes del Concejo de Neiva, para que votaran a favor de sus candidatos.

Al parecer, en los procesos de selección cumplidos a finales del año 2015 e inicios del año 2016, los cabildantes se inclinaron por las dos personas referenciadas con dineros de por medio y, adicionalmente, habrían solicitado cargos en la Personería y Contraloría para que la elección fuera efectiva, como finalmente ocurrió.

Los detenidos son los concejales Deiby Martínez, Dolcey Andrade, Jesús Garzón, Juan Carlos Ramón, Luis Penagos, Marco Carrasquilla, Ovidio Serrato, Roberto Escobar; el exconcejal Jorge Cante Cruz, el también exconcejal y hoy diputado Óscar Urueña, el exfuncionario de la Universidad Surcolombiana, Luis Antonio Medina; el empresario René Cantillo y los dos funcionarios por los que están siendo cuestionadas sus elecciones.

Hasta ahora el representante de la Fiscalía avanza en las solicitudes de medida de aseguramiento luego de que los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.